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El 90,7% de los teletrabajadores en el país manifiesta que no recibió soporte de las Aseguradoras de Riesgos Laborales (ARL) para la adopción de la modalidad de teletrabajo en la etapa de aislamiento preventivo obligatorio.
“Los resultados de la encuesta evidencian la tendencia de imputación de costos de la crisis económica a los derechos de los trabajadores, invirtiendo el principio de ajenidad de los riesgos por el cual el trabajador nunca debe asumir los riesgos o pérdidas del ejercicio productivo”, indicó Iván Daniel Jaramillo Jassir, investigador del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario.
El experto resaltó que es importante analizar las tendencias en la adaptación organizacional a la crisis económica que deriva de la pandemia por el Covid-19 y sus efectos en las relaciones de trabajo, ya que, según la Organización Internacional del Trabajo, se calcula que la recesión económica hará desaparecer 6,7% de las horas trabajadas en el segundo trimestre de 2020, lo que equivale a 195 millones de trabajadores a tiempo completo a nivel global.
El 38,1% de los encuestados están en la modalidad de teletrabajo, la cual ha sido empleada por las entidades del sector público y privado en el país, mientras que el 28,9% de los encuestados continúa trabajando normal, en empresas de sectores como el agroindustrial, financiero, restaurantes y alimentos, sector salud y transporte de mercancías.
Del total de encuestados que realizan teletrabajo, al 86% el empleador no les garantiza el mantenimiento de los equipos de teletrabajo, conexiones, valor de la energía u otros gastos que se generen de sus actividades laborales. El 90,7% informó que, previo a la implementación de la modalidad de teletrabajo, las Aseguradoras de Riesgos Laborales (ARL) no habían evaluado las condiciones para realizarla.
Del total de las personas encuestadas que siguen trabajando normal o se encuentran bajo la modalidad de horario flexible, el 46,1% manifestó que no había recibido los elementos de protección para prevenir el contagio, entre las que se encuentran trabajadores y trabajadoras del sector financiero, sector salud, sector público y sector servicios mayormente. Quienes manifiestan que no habían recibido elementos de protección para prevenir el riesgo de contagio, el 36% indica que la empresa les ha obligado a proveérselos con sus propios medios.
Suspensión de contratos: otra preocupación de los empleados
Por otra parte, el 16,5% fueron enviados a vacaciones en industrias como la manufacturera y algunas personas del sector salud ubicadas en áreas administrativas, y solo al 3,1% les han aplicado el artículo 140 del Código Sustantivo de Trabajo, por el cual se le permite al empleador seguir pagando los salarios y la seguridad social a los trabajadores y trabajadoras sin la prestación personal del servicio, y la mayoría está ubicada en fundaciones, organizaciones no gubernamentales u organizaciones sindicales.
El 8,6% de los encuestados han quedado sin ingresos para afrontar las medidas de aislamiento obligatorio debido a la suspensión de los contratos, la no renovación de estos, el no pago de salarios o contribuciones a seguridad social, o el solo mantenimiento del pago al Sistema integral de Seguridad Social.
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