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GIT Masivo y MetroCali sostienen una disputa de $197.000 millones en el Consejo de Estado por una modificación en la cláusula de remuneración a los operadores encargados del funcionamiento del sistema.
En un Tribunal de Arbitramento se demostró que la compañía cambió la forma de remuneración, pasando de un pago por kilómetro recorrido a un pago por demanda de pasajeros.
En 2015 un estudio del Departamento Nacional de Planeación determinó que si la situación con los operadores continuaba igual generaría afectaciones económicas para cada uno de los operadores de $4,3 billones.
GIT Masivo siguió adelante con el proceso, el cual terminó con laudo el 29 de noviembre de 2018, con una condena de $197.000 millones.
MetroCali presentó un recurso para anular el laudo arbitral ante el Consejo de Estado, debido a que las partes no lograron llegar a un acuerdo.
Conflicto de intereses
Fuentes consultadas por este diario denunciaron que uno de los asesores jurídicos de MetroCali tiene conflicto de intereses en el litigio y el proceso de reestructuración, debido a que fue funcionario de la entidad, después trabajó para la firma Duran & Osorio (el bufete de abogados contratado para defender a la empresa caleña en el tribunal de arbitramento) y también es jefe legal de Sumatoria. Este mismo asesor firmó un contrato de prestación con MetroCali.
Por estos hechos, la contraparte denunció un presunto conflicto de intereses, sin embargo, fuentes consultadas por este diario aseguraron que no existe conflicto de intereses alguno y que tampoco hay relación entre los hechos denunciados. Pese a los intentos, al cierre de la edición MetroCali no habló con AL.
