La Defensoría del Pueblo advirtió que el fenómeno de ocupación de tierras ha tenido un aumento de casos que requieren medidas urgentes, donde un porcentaje tiene vínculos con estructuras o grupos armados ilegales.
En el primer Encuentro Internacional para la Prevención y Transformación de la Conflictividad Social, el defensor del pueblo, Carlos Camargo, aseguró que cerca de 6.000 familias estarían ejerciendo ocupación de predios rurales en distintos puntos de la geografía nacional, en su mayoría en el Cauca.
"En el panorama general que hemos encontrado frente a los principales conflictos latentes, llamamos la atención por el escalamiento de los conflictos por la tierra en el norte del Cauca y en el Valle del Cauca”, subrayó el Defensor.
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“Especial atención se ha puesto en los departamentos de Antioquia, Atlántico, Cauca, Cesar, Chocó, Guainía, Huila, Magdalena, Valle del Cauca y Vichada, donde nuestras regionales han podido identificar 108 casos distribuidos en 26 municipios. La mayor incidencia en el número de invasiones de tierras se registra en el departamento del Cauca, donde se presenta el 36% de los casos”, añadió.
Según explicó Camargo, las principales causas que originan las ocupaciones de tierras están relacionadas con comunidades que carecen de tierras o no tienen acceso suficiente y reclaman su derecho.
Una segunda causa se debe al ejercicio denominado como “liberación de la madre tierra”, donde ocupan zonas consideradas como parte de su territorialidad ancestral, étnica y cultural.
"Así mismo, se identifican vulneraciones a otros derechos como la vida, libertad e integridad, propiedad, el acceso progresivo a la tierra, vivienda, educación, salud, servicios públicos, acceso a crédito agropecuario y afectaciones al medio ambiente”, destacó el Defensor del Pueblo.
Finalmente, Carlos Camargo sostuvo que “de los 108 casos identificados por la Defensoría del Pueblo, al menos 13 tendrían una vinculación con estructuras o grupos armados ilegales, de acuerdo con la información obtenida en espacios interinstitucionales y a través del seguimiento a las Alertas Tempranas de la entidad”.
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La Procuraduría solicitó la suspensión de la ejecución del contrato y los pagos entre Emcali y la Unión Temporal AMI, ante la existencia de presuntos sobrecostos en los productos contratados. https://t.co/hxgL2Q8867
— Q'hubo Cali (@QhuboCali) September 23, 2022
