La Fiscalía judicializó a cinco militares y dos civiles por irregularidades en el uso de provisiones mecánicas y de gasolina de propiedad del Ejército Nacional.
El material de prueba da cuenta que fueron tanqueados carros particulares que no estaban cubiertos dentro del contrato y por fuera de los tiempos de ejecución.
La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías a cinco militares y dos civiles. Se les imputó los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación, fraude procesal, falsedad ideológica en documento público. Además de ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio.
Los hechos
Los hechos investigados están relacionados con un contrato de suministro de combustibles, diesel, grasas y lubricantes para vehículos de Batallón de Instrucción, Entrenamiento y Reentrenamiento No. 3 del Ejército Nacional (BITER 3), con sede en Zarzal (Valle del Cauca).
El citado contrato se suscribió con recursos del Fondo Territorial de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Fonset), para una vigencia de diciembre de 2020, por un valor $6’000.000. En la ejecución de este se detectaron anomalías como tanqueo de carros particulares por fuera de los 30 días definidos, prolongándose hasta la fecha. Hasta hay registros de cambio de aceite a motocicletas de dos tiempos, algo que no estaba previsto.
Además, en las verificaciones realizadas por el CTI y la DIJIN de la Policía Nacional se detectaron facturas y otros documentos alterados o falsos, con los cuales se intentó acreditar los consumos adicionales de combustibles.
Fiscalía investiga a la Tercera Brigada del Ejército en Cali
Dos incautaciones en Cauca y Valle destaparon una red de tráfico de armas en el Ejército Nacional.
La Fiscalía General de la Nación reveló una escandalosa investigación. Se traría según eso, de una organización criminal al interior de la Tercera Brigada del Ejército Nacional en Cali por un supuesto suministro armas a disidencias de las extintas Farc.
Según los primeros informes de la investigación, se trataría de más de 150.000 cartuchos de diferentes calibres y 2.000 granadas que les entregaron al grupo guerrillero entre los años 2019 y 2021. Esto durante el gobierno del expresidente Iván Duque.
La Fiscalía estima que el material de guerra robado, posteriormente se le vendió a grupos terroristas, y generó al Ejército Nacional un detrimento patrimonial de $ 604.622.833.
Este robo habría dejado además ganancias a la red corrupta de $ 1.791.219.000, cifras oficiales suministradas por la Fiscalía.
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Por este hecho ya hay siete personas capturadas que, al momento de los hechos, eran militares activos (un sargento y tres soldados), un retirado y dos civiles.
Sin embargo, fuentes cercanas al proceso indican que la red corrupta salpicaría a altos mandos, como comandantes de batallón en el Valle del Cauca.
La investigación
Todo empezó a destaparse cuando cayó un cargamento de 5 mil cartuchos calibre 5.56 en el puerto de Buenaventura a mediados de enero del 2020. En un allanamiento de la Policía Nacional se encontraron 7 cajas que supuestamente venían por parte de una empresa de quesos y lácteos, pero en realidad tranportaba material de guerra.
A esos cartuchos se les realizó las pruebas balísticas por parte de la policía judicial, y se evidenció que esas balas pertenecían a la Tercera Brigada del Ejército Nacional, ubicada en Cali.
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Por ahí inició la investigación que reveló una red criminal que robaba material de guerra para vendérselo a terroristas.
El implicado
Según lo señala Caracol Radio, al descubrirse la red criminal que surtía de armas a las extintas Farc, los ojos se fijaron en contra de un sargento segundo, quien era el almacenista en el Batallón de Apoyo y Servicio para el Combate N° 3 ‘Policarpa Salavarrieta’.
El sargento contó a la Fiscalía que, al parecer, fue presionado por dos soldados profesionales para realizar estas actividades criminales.
“Jefe ya no lo piense más, ya sabemos dónde vive usted y dónde vive su familia. “Me extraña, relájese, no pasa nada, vamos a trabajar sabroso. Usted ya sabe cómo es”, le habría dicho uno de esos uniformados al sargento.
Ese testimonio se dio a conocer durante un interrogatorio que la Fiscalía le hizo al sargento y que conoció Caracol Radio.
Pero según la investigación, el sargento con experiencia en cargos logísticos, habría manipulado el software denominado ‘SAP’ para quedarse con el material de guerra sobrante y que no estaba en el inventario.
Luego, esas balas y granadas las sacaban de las zonas establecidas y después eran escondidas en oficinas, depósitos no autorizados y hasta en baños del cantón militar en Cali.
Después de eso, sacaban la munición y ellos se encargaban de desaparecerla en carros militares.
Pero además de manipular el software para quedarse con las armas que no estaban en el inventario, habría otra forma de quedarse con el material de guerra.
Otra modalidad delincuencial
Esa segunda modalidad delincuencial consistía en que los militares se inventaban falsos entrenamientos y reentrenamientos en el Ejército Nacional.
De esta forma sacaban las armas y municiones en aparente legalidad.
En el Batallón Policarpa Salavarrieta se falsificaban solicitudes de otras unidades de la Tercera Brigada, órdenes de suministro, documentos SAP, certificados de consumo de munición, planillas de tiro, actas de reintegro de material de guerra, así como actas de reintegro de vainillas, solicitudes de munición y comprobante de gasto de la misma, entre otros.
