La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia ha decidido acusar formalmente a Armando Benedetti, actual jefe de despacho del presidente Gustavo Petro, por su presunta participación en un caso de tráfico de influencias relacionado con contratos del Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (Fonade).
El proceso se origina en denuncias sobre irregularidades en la adjudicación de un contrato por un monto superior a $1.000 millones, cuando Benedetti formaba parte del Partido de la U entre 2016 y 2017. Según la investigación, el exsenador habría intervenido para favorecer a la Sociedad Cameral de Certificación Digital (Certicámara S.A.), empresa vinculada a la Cámara de Comercio de Bogotá.
La denuncia inicial fue presentada por el abogado Jaime Lombana, quien afirmó que Benedetti instrumentalizó su posición para direccionar la adjudicación del contrato 2017865, firmado el 1 de agosto de 2017. En el expediente se menciona que el entonces congresista habría dado instrucciones directas a su asesora, Elsy Pinzón Barrera, para favorecer a la empresa en cuestión.
El testimonio clave en la investigación proviene de Jorge Iván Henao, quien en ese período desempeñaba un papel determinante en la asignación de contratos y vinculó a Benedetti con la adjudicación directa del contrato. Además, se señaló la existencia de una red de influencias, en la que también estarían involucrados los exsenadores Bernardo Miguel ‘el Ñoño’ Elías y Musa Besaile.
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Tensión política en el Gobierno Petro
La decisión de la Corte Suprema ha intensificado la tensión en el Gobierno de Gustavo Petro, especialmente después del reciente nombramiento de Benedetti como jefe de despacho presidencial. Durante el Consejo de Ministros del 4 de febrero, varios altos funcionarios expresaron su descontento con la decisión del mandatario.
La controversia se agravó tras declaraciones del director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez, quien reveló presuntas conexiones entre Benedetti y el contrabandista conocido como alias “Papá Pitufo”.
Pese a las acusaciones, la defensa del jefe de despacho ha insistido en que no existe impedimento legal para que asuma su cargo y ha reiterado que mantiene su presunción de inocencia hasta que haya una sentencia judicial definitiva. El abogado penalista David Benavides aseguró en medios que el proceso debe seguir su curso sin prejuzgar responsabilidades.
Antecedentes y escándalos previos
La figura de Benedetti ha estado rodeada de diversas polémicas. Se le ha relacionado con filtraciones de llamadas telefónicas en las que supuestamente presionaba a Laura Sarabia, exjefa de gabinete, con revelar detalles de la campaña presidencial de 2022 a cambio de obtener espacio político. Además, ha sido criticado por su gestión en embajadas como la de Venezuela y ante la FAO, y enfrenta acusaciones de presunta violencia intrafamiliar.
El director del Departamento para la Prosperidad Social (DPS), Gustavo Bólivar, defendió la permanencia de Benedetti en el Gobierno, argumentando que el presidente Petro lo mantiene en su entorno por razones de apoyo emocional. Sin embargo, la oposición y sectores críticos del petrismo han insistido en que el caso debe ser esclarecido con prontitud para evitar un mayor desgaste político.
Con este nuevo episodio, la relación entre Benedetti y el Ejecutivo enfrenta un punto de quiebre, mientras la Corte Suprema avanza con su proceso y el Gobierno lidia con las repercusiones políticas de su nombramiento.
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