Así puede acceder al subsidio de $1 millón mensual que ofrecerá el Gobierno a los jóvenes para que no delincan

Ya se firmó uno de los más controversiales subsidios que entregará el Gobierno y que le permitirá a 100.000 jóvenes del país recibir una suma por valor de 1 millón de pesos mensuales.

A través del Decreto 1649 del 2023, expedido por el recién creado Ministerio de la Igualdad, a cargo de la vicepresidenta Francia Márquez, el gobierno de Gustavo Petro implementará el polémico programa de pago de subsidios para jóvenes entre los 14 años y los 28 años de edad para que dejen de delinquir.

Señala el articulado que el Gobierno Nacional espera transferir un millón de pesos mensuales, en principio durante seis meses y prorrogables hasta los 18 meses, al menos a 100.000 jóvenes en zonas de conflicto, que estén priorizados como población vulnerable, en condición de pobreza, vulnerables en términos monetarios y bajo riesgo de ingresar a grupos criminales.

Advierte el decreto, no obstante, que la transferencia de esos recursos estará condicionada a que los beneficiarios no tengan en su contra órdenes de captura o medidas de aprehensión vigentes o a que estén recibiendo otro tipo de beneficios por parte de programas del Gobierno como Jóvenes en Acción y los jóvenes que resulten beneficiarios deberán estudiar y aportar a su comunidad como corresponsabilidad o trabajo comunitario por un periodo de 6 a 18 meses, “Salvo estudios secundarios y universitarios formales” en las condiciones establecidas para cada beneficiario.

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¿Cómo acceder al subsidio?

Para poder acceder a este nuevo subsidio, se deben cumplir los siguientes cinco requisitos:

1. Estar en pobreza extrema, pobreza o vulnerabilidad en términos monetarios
2. Tener residencia habitual en zonas rurales.
3. Ser, haber sido o tener riesgo de ser víctima de explotación sexual.
4. Estar o tener riesgo de estar vinculado o vinculada a dinámicas de criminalidad, violencia o reclutamiento forzado.
5. Estar en vulnerabilidad por tener residencia habitual en territorios afectados por la violencia o el conflicto armado.

Los favorecidos recibirán también orientación socio-jurídica “en relación con los procesos penales que existan en su contra o conflictos que se presenten” para que comprendan las consecuencias legales de sus actos.

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Un decreto polémico

La polémica en torno al tema, considerado por algunos como ‘pagar para no delinquir’ se suscitó desde el mismo momento en que fue anunciado por el presidente Gustavo Petro. Aún la polémica no termina.

Sobre este escándalo, la vicepresidenta se pronunció al respecto indicando que se trata de una estrategia que tiene como fin prevenir más hechos violentos en el país y en el que no están involucrados. 

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“No, yo creo que esa es una visión equivocada, porque si la juventud tuviera oportunidad en este país, independientemente del lugar a donde haya llegado, no estarían llegando hacia allá (hacia las bandas criminales)”, sostuvo en su momento Márquez.

Además, agregó que: “Entonces, esta es una política para prevenir la violencia, para prevenir el asesinato. ¿Cuántos jóvenes perdemos en este país cada fin de semana? Entonces buscamos prevenir la violencia y, sobre todo, que la juventud tenga oportunidad”.

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