Banda 'La oficina' controla hasta lo que se come en Tuluá

La banda delincuencial 'La oficina' comercializa productos de la canasta familiar. También, amenaza con asesinar a cualquier periodista que haga eco de la precandidatura a la Alcaldía de Gustavo Vélez. Hay pánico.

La orden es clara: quien quiera llegar a la Alcaldía tiene que sentarse a negociar el pliego de peticiones de la banda criminal ‘La Oficina de Tuluá’. Entre ellas, una cuota política de participación en el Gobierno, permitir el cobro de un impuesto a los contratistas (vacuna) y garantizar el control del comercio de los productos básicos de la canasta familiar.

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Desde hace varios años el microtráfico dejó de ser la única fuente de ingreso de este grupo delincuencial surgido de la organización de Los Comba, la banda al servicio del narcotráfico, y que tiene aterrorizados a los habitantes de Tuluá por la brutalidad de sus crímenes, extorsiones, homicidios y el poderío de sus armas.

Un grupo criminal que pasó de la extorsión a comerciantes en las plazas de mercado a acaparar la distribución de los productos básicos de la canasta familiar. Su incursión en mercados ‘legales’ empezó con la imposición de condiciones para quienes comercializaban cilantro.

“De un momento a otro aquí no vendían cilantro sino ellos, y los productores no podían venderle a nadie más y también ellos definían los precios. Luego fueron creando a sangre y fuego el cartel de la cebolla, de la papa, del plátano, el banano, el huevo, y de otros. “Aquí la persona que viene a vender huevos y viene de afuera tiene dos opciones: o se los vende a ‘La Oficina’ o no los puede vender; y si lo hace por fuera, lo matan”, indicó telefónicamente un comerciante.

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La Oficina de Tuluá surgió hace alrededor de 15 años en el barrio La Inmaculada, según una fuente de inteligencia, y fue ese el nombre que en principio adoptó. “Con la caída de su primer cabecilla, John Estiven Idrobo, asumió el mando Óscar Darío Restrepo, alias Porrón, el devoto de la virgen de Guadalupe que se convirtió en objetivo de las autoridades luego de que amenazara de muerte a Faustino Asprilla, y a quien le han incautado bienes por más de $60.000 millones”.

Porrón’ protagonizó junto a alias Picante una de las disputas más violentas en la historia reciente de ese municipio. Una guerra en la que aparecieron cuerpos desmembrados y quemados. Finalmente ‘porrón’ se convirtió en el jefe criminal del Tuluá.

Tras su captura, en febrero del 2015, asumió el mando de la banda criminal alias Pipe, quien al terminar tras las rejas cedió el mando a sus hermanos: ‘Care Vieja’, ‘Nacho’ y una mujer, que es la que viene ejerciendo control del microtráfico en la ciudad y centros de distribución en La Inmaculada, El Paraíso, Nuevo Farfán y otras zonas donde hay ollas de vicio”, dice la fuente.

“Les dejaron tomar ventaja y ahora no van a ceder en absolutamente nada de lo que ellos creen que han conquistado. Basta con leer los últimos panfletos que han publicado para entender que se creen amos y señores del municipio; y algo de razón tienen porque han actuado con una tranquilidad preocupante”, dice un actor político en Tuluá que por razones obvias pide que no sea revelada su identidad.

Tras el último acto criminal cometido por esta banda, un doble atentado en un centro comercial contra un abogado y precandidato al Concejo, al que luego alcanzaron cuando el escolta lo llevaba a una clínica y les dispararon de nuevo entre un taxi, emitieron un comunicado ufanándose del hecho delictivo y “del control del territorio” que supuestamente deben mantener.

La presión de las armas

A lo único que parece tenerle temor la banda criminal ‘La Oficina de Tuluá’ es a que Gustavo Vélez vuelva a ser elegido alcalde del municipio para el periodo 2024-2027.

Así quedó implícito el pasado 6 de junio, cuando minutos antes de llegar a su sede para anunciar la decisión de aspirar de nuevo al cargo, un vehículo blanco se atraviesa en la vía y dos hombres descienden y descargan ráfagas de fusil contra la instalación. Acto seguido, ponen a circular un ‘comunicado’ en el que declaran objetivo militar a cualquier periodista que emita alguna información que haga referencia a la precandidatura o la campaña de Gustavo Vélez.

El País visitó al exalcalde y precandidato en el lugar donde permanece bajo protección privada ante la negativa del Estado de brindarle seguridad, y señala que los hostigamientos en su contra iniciaron hace 11 meses con la quema de maquinaria de una empresa de ingeniería de su hijo y otro hostigamiento con disparos en su oficina.

“Hay actores que no quieren que yo sea nuevamente alcalde de Tuluá. Actores políticos y de grupos al margen de la ley que ven con preocupación que yo lidere todos los sondeos de intención de voto, casi triplicando al segundo. Les preocupa que cuando estuve en la Alcaldía, goberné con las instituciones y busqué con el Ejército y la Policía restaurar el orden y la confianza”, explica Vélez, quien sigue su campaña virtual.

Las amenazas se extienden a la gente que lo acompaña y a a empresarios que aporten dinero a su campaña. “Lo más triste de todo esto, es el silencio cómplice de las autoridades y del alcalde, que niega rotundamente lo que está pasando y salió a decir en una entrevista que no conoce de amenazas a periodistas ni amenazas a mi nombre”.

“Es vergonzosa la actitud de la Administración Municipal. Querer invisibilizar un problema de estos lo convierte en cómplice. Es claro que hay un grupo político en alianza con una organización al margen de la ley y que tienen candidato, y no tengo que decir el nombre. La gente sabe muy bien cuál es ese grupo político, donde están hoy, que tiene el rechazo del 70 % de los tulueños y en las elecciones del 29 de octubre les van a pasar la cuenta de cobro”, manifiesta Vélez.

El País intentó hablar con el alcalde de Tuluá, John Jairo Gómez, pero no fue posible ubicarlo. No respondió mensajes y su jefe de prensa rechazó la llamada varias veces.

La diputada Lizz Burgos indicó que el accionar de las bandas disminuyó en el gobierno de Vélez y lo que buscan es atemorizar a sus electores. “El Gobierno Nacional debe poner el foco sobre Tuluá y militarizar el municipio. Pero no es solo Tuluá, la violencia y la inseguridad se ha tomado Buenaventura, Jamundí y Candelaria, donde activaron el viernes un artefacto explosivo. No podemos retroceder y seguir a merced de la delincuencia”.

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Por su parte la gobernadora, Clara Luz Roldán, manifestó su preocupación frente a estos hechos y pidió acompañamiento del Gobierno Nacional. “Necesitamos el refuerzo de nuestra Fuerza Pública; la llegada de dos batallones que nos permitan asegurar territorios como Tuluá, Jamundí y Buenaventura, donde se requieren planes especiales de intervención”.

Con información exclusiva de El País

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