| Foto: Juan Carlos Sierra
Bogotá vuelve a ser escenario del drama del desplazamiento forzado en Colombia. Esta semana, más de 34 familias provenientes del Catatumbo llegaron a la capital buscando protección, tras haber enfrentado nuevos riesgos y amenazas en el municipio de Puerto Boyacá, donde habían sido inicialmente reubicadas en un predio de la vereda Las Pavitas.
Según informó la Administración Distrital, estas familias serán atendidas en el marco de la inmediatez con un trabajo conjunto entre el Distrito y la Unidad para las Víctimas, mientras se avanza en el proceso de reubicación definitiva, a cargo de la Agencia Nacional de Tierras.
El Distrito ha dispuesto una respuesta institucional integral, que incluye alojamiento temporal, atención en salud, educación, orientación jurídica y apoyo psicosocial a través de los Centros de Encuentro para la Paz y la Integración Local. Sin embargo, las autoridades advirtieron que la llegada masiva de personas desplazadas está llevando al límite la capacidad operativa y financiera de la ciudad.
“El Distrito no es ajeno a los desafíos de seguridad que enfrentan los territorios, pero estamos ante una situación que roza el colapso institucional en materia de atención humanitaria”, señala el comunicado emitido por la Alcaldía.
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Y es que las cifras hablan por sí solas, solo en enero de 2025, Bogotá recibió un 30 % más de personas desplazadas que en el mismo período de años anteriores, lo que ha obligado a cuadruplicar la capacidad de albergue y asistencia. Se han entregado bonos de alimentación y subsidios de arriendo a 1.699 personas, y 317 víctimas han recibido alojamiento temporal, superando con creces la infraestructura habitual.
A esta presión se suma la presencia de la población indígena Emberá, que desde septiembre de 2023 espera una reubicación definitiva y ha permanecido durante más de seis meses en albergues distritales. Por ello, el Distrito solicitó formalmente a la Unidad para las Víctimas que, bajo los principios de concurrencia y subsidiariedad, asuma la atención de estas comunidades mientras se definen salidas estructurales.
La Administración capitalina reiteró su compromiso con el cumplimiento del Acuerdo de Paz y con su rol como ciudad receptora de víctimas, pero hizo un llamado urgente al Gobierno nacional para que acelere los procesos de reubicación. “Es necesario garantizar que cada traslado se haga con dignidad, seguridad y voluntariedad, evitando que se convierta en una nueva forma de revictimización”, insistieron.
Mientras tanto, Bogotá sigue cumpliendo su función de refugio, a pesar de los desafíos logísticos y financieros que esto representa. El Distrito pide respaldo, no solo institucional, sino también solidario y presupuestal, para que la atención a quienes lo han perdido todo no se vea comprometida.
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