El conflicto urbano que ha golpeado por años a Barranquilla y al departamento del Atlántico podría estar ante un punto de inflexión. Así lo dio a conocer el gobernador Eduardo Verano de la Rosa, quien confirmó que los jefes de las bandas criminales ‘los Pepes’ y ‘los Costeños’ han manifestado formalmente su intención de entrar en un proceso de diálogo con el Estado colombiano.
A través de su cuenta oficial en la red social X, el mandatario aseguró que tanto Digno Palomino Rodríguez como Jorge Eliécer Díaz Collazos, conocido como alias Castor, reafirmaron su disposición para avanzar en conversaciones que busquen poner fin a la confrontación criminal en la región.
El anuncio se da en medio de esfuerzos articulados entre la Gobernación, la Alcaldía de Barranquilla y el Gobierno Nacional para construir un escenario que permita detener la ola de violencia ligada a estos grupos. Según información judicial, ambas estructuras continúan operando desde prisión, pese a los traslados recientes de sus líderes a distintos centros carcelarios.
De acuerdo con el jefe de la Oficina de Seguridad del Distrito, Yesid Turbay, los contactos con estos grupos comenzaron hace varios meses. El 10 de julio reveló que la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) había iniciado conversaciones preliminares con representantes de estas organizaciones.
“Ya hay funcionarios delegados por el presidente Gustavo Petro y el Alto Comisionado para la Paz”, aseguró Turbay, quien también advirtió que el proceso está en una etapa inicial y no cuenta aún con un marco jurídico claro que permita formalizar acuerdos.
Históricamente, los intentos de acercamiento no han sido nuevos. En 2023 se reportaron ceses al fuego temporales, y en octubre de ese mismo año alias ‘Castor’ habría entregado armas como gesto de buena voluntad. Sin embargo, en contraste, el año cerró con 948 homicidios dolosos en el Atlántico, el registro más alto en cinco años.
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En abril de 2025 se retomaron las iniciativas de diálogo, impulsadas por una carta enviada por la Gobernación y la Alcaldía al alto comisionado Otty Patiño, solicitando mayor claridad frente al proceso. Un mes después, el presidente Petro expresó desde Barranquilla su respaldo a una eventual paz urbana.
El camino, no obstante, ha sido turbulento. En mayo se registró un intento de asesinato contra Digno Palomino en la cárcel La Dorada, atribuido a líderes rivales de ‘los Costeños’. La retaliación llegó días después, con el asesinato de tres familiares de alias ‘Otón’ en el municipio de Soledad.
Para contener la escalada, el Inpec ordenó el traslado de los cabecillas. Palomino fue enviado a La Picaleña, en Ibagué, mientras alias ‘Castor’ y otros líderes fueron llevados a La Tramacúa en Valledupar, buscando reducir los niveles de confrontación interna entre bandas.
Aunque la voluntad expresada por los cabecillas es vista como un paso significativo, las autoridades locales reconocen que, sin el respaldo del Congreso y sin una legislación que regule este tipo de procesos, la iniciativa podría estancarse en una fase exploratoria.
Por ahora, se mantienen activos los canales institucionales para evaluar si esta manifestación de voluntad puede convertirse en una oportunidad real de desescalar la violencia en la región.
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