Un nuevo episodio de intolerancia y violencia contra funcionarios públicos quedó registrado en pleno centro de Cali, cuando un agente de tránsito fue golpeado violentamente por el conductor de un vehículo mal estacionado. El hecho ocurrió el pasado 7 de abril en la carrera séptima, entre calles 15 y 16, zona de alta congestión vehicular.
El agente afectado realizaba su ronda habitual junto a un grupo de servicios especiales cuando detectó un vehículo que obstruía el paso. Al iniciar el procedimiento correspondiente, el conductor apareció en el sitio, entregó su documentación y, en cuestión de segundos, pasó de la calma a la agresión. Según relató el funcionario, fue empujado y golpeado en el rostro varias veces por el sujeto, quien luego huyó del lugar.
“La situación se tornó violenta sin razón. Me acerqué de manera respetuosa, informé el procedimiento, pero el señor reaccionó de forma agresiva”, explicó el agente agredido. Lo más alarmante es que, tras solicitar apoyo al cuadrante policial más cercano, no recibió respuesta, lo que permitió al atacante escapar sin ser detenido en el momento.
El hecho quedó grabado en video y rápidamente circuló en redes sociales, generando indignación entre los caleños. Desde la Secretaría de Movilidad, se confirmó que el agresor ya fue plenamente identificado, gracias a la información recabada durante el procedimiento, lo que permitirá iniciar un proceso judicial en su contra.
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El secretario de Movilidad, Gustavo Orozco, condenó enérgicamente lo ocurrido: “Seguimos viendo actitudes violentas contra la autoridad, como si cumplir la ley fuera opcional. Agredir a un agente de tránsito no es un juego, es un delito”.
Y es que este no es un caso aislado. De acuerdo con cifras oficiales, los ataques contra funcionarios de tránsito en Cali han aumentado durante los últimos meses. Esto no solo pone en riesgo la vida e integridad de los agentes, sino que también complica la organización vial y el cumplimiento de las normas.
En Colombia, la agresión a servidor público está tipificada como delito en el artículo 429 del Código Penal. Las sanciones pueden ir desde cuatro hasta ocho años de prisión, dependiendo de la gravedad del hecho. Las autoridades insisten en que este tipo de conductas no pueden quedar impunes.
Finalmente, la Secretaría de Movilidad reiteró que llevará este caso ante las instancias judiciales correspondientes y recordó que se mantienen los esfuerzos por garantizar la seguridad de sus funcionarios. “No se puede permitir que quienes cumplen con su deber sean tratados como enemigos”, sentenció Orozco.
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