Un nuevo hecho de violencia sacudió a Cali luego de que el vehículo del director regional del Inpec, Guillermo Andrés González Andrade, fuera atacado con una granada en el norte de la ciudad. El artefacto fue lanzado por un hombre que se movilizaba como parrillero en una motocicleta, mientras el automóvil estaba estacionado en instalaciones del instituto penitenciario. Aunque la detonación solo dejó daños materiales, el episodio encendió las alarmas por el riesgo que enfrentan funcionarios de la entidad y la población que reside cerca de la cárcel de Villahermosa.
El atentado repite un patrón ya conocido: hombres en motocicleta que arrojan explosivos en zonas cercanas a instalaciones carcelarias, con consecuencias que generan temor entre guardianes, directivos y la comunidad. Para los investigadores, las hipótesis apuntan a retaliaciones de internos que buscan frenar traslados, presiones para obtener beneficios en su reclusión y la disputa entre poderosos cabecillas.
De acuerdo con fuentes de inteligencia, detrás de estos ataques estarían estructuras ligadas a alias Dimax y Chinga Pipe, cuyo enfrentamiento ha dejado una larga estela de violencia en la ciudad y que, desde la cárcel, continúan dirigiendo acciones criminales. Los investigadores no descartan que el atentado contra González sea una respuesta violenta frente a medidas disciplinarias o a la posibilidad de nuevos traslados a otras prisiones.
Para el abogado y defensor de derechos humanos Élmer Montaña, este tipo de atentados ponen en riesgo no solo a funcionarios, sino también a civiles inocentes. “El asunto no puede quedar reducido a una guerra entre bandas, porque también hay víctimas inocentes que han caído en estas disputas. Eso afecta la seguridad de la ciudad y genera un clima de miedo en la ciudadanía”, advirtió.
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El jurista insistió en que la estrategia de instalar más cámaras de seguridad resulta insuficiente si no existe capacidad para procesar en tiempo real la información. Propuso, en cambio, fortalecer la inteligencia y la contrainteligencia para determinar si funcionarios del mismo Inpec o de la Fuerza Pública tienen vínculos con estas organizaciones.
Este atentado se suma a otros registrados en 2025 bajo la misma modalidad, que han dejado heridos a guardianes e incluso a menores de edad. Para los trabajadores del Inpec, la situación es crítica y las amenazas contra ellos y sus familias se han vuelto parte de su cotidianidad. El clima de tensión sigue latente y, mientras no haya acciones contundentes, el miedo se mantiene en barrios como Villanueva, donde se ubica el penal.
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