Concejo de Cali cuestiona a Metrocali por presuntas irregularidades en la Troncal de Oriente

En un debate de control político, concejales señalaron posibles fallas de transparencia y retrasos en la obra, mientras el gerente de Metrocali defendió el proceso de adjudicación.

Redacción El Qhubo/ Periodista: Jhisús Chacín

El transporte masivo MÍO volvió a ser tema central en el Concejo de Cali. Durante un debate de control político, varios concejales cuestionaron a Metrocali por presuntas irregularidades en la licitación del tramo III de la Troncal de Oriente y por los retrasos que enfrenta esta obra clave para el sistema.

La concejala María del Carmen Londoño fue una de las voces más críticas. Calificó la situación de Metrocali como un “atraso, desorden y buses sin rumbo” y advirtió que los problemas jurídicos de la entidad podrían derivar en que la ciudadanía termine asumiendo el pago de demandas relacionadas con contratos fallidos o litigios laborales.

Sobre la licitación del tramo III, Londoño señaló que corresponderá a los órganos de control determinar si hubo falta de transparencia por parte del gerente Álvaro José Rengifo y su equipo. También advirtió que, de confirmarse irregularidades, la Nación podría suspender el 70 % de los aportes que destina al MÍO.

El concejal James Agudelo se sumó a los cuestionamientos, reprochando que Metrocali contratara a una firma externa de abogados para su defensa en este proceso. “¿Dónde están los funcionarios que generaron esta situación? No deberían seguir vinculados si cometieron errores que obligaron a gastar más recursos”, afirmó.

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Londoño también puso en duda documentos presentados por la firma Proingeco para participar en la licitación, asegurando que existen evidencias de los órganos de control que cuestionan un certificado de la Fiduciaria Bancolombia. Según la cabildante, esto habría ocasionado un detrimento patrimonial debido a los retrasos en la obra.

Por su parte, el concejal Roberto Ortiz pidió al gerente de Metrocali actuar con rapidez ante cualquier alerta para evitar suspicacias y fortalecer el seguimiento al trabajo de los funcionarios internos.

En su respuesta, Rengifo defendió que la adjudicación del contrato se realizó conforme a los requisitos legales. Explicó que, tras las advertencias posteriores a diciembre, la entidad evaluó la posibilidad de una revocatoria directa, pero que en el momento de la adjudicación no existían dudas sobre la validez de los documentos.

El gerente detalló que la firma del contrato se postergó hasta marzo, mientras se verificaba si el documento que acreditaba la experiencia del adjudicatario era auténtico. La solicitud de revocatoria fue negada y, actualmente, el inicio de la obra depende de un fallo judicial que determinará si ese certificado es válido o no.

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