La Procuraduría abrió investigación por presuntos cobros irregulares a contratistas. Desde la administración de Alejandro Eder aseguran que ya activaron protocolos y colaboran con la Fiscalía.
Por: Redacción el Qhubo/ Periodista Jesús Chacín-comunicador social
La Alcaldía de Cali se pronunció oficialmente tras el anuncio de una investigación disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación por presuntos cobros ilegales a contratistas dentro de la administración distrital. La denuncia, que inicialmente circuló en redes sociales y llegó al Concejo de Cali mediante derechos de petición, señala que algunos funcionarios estarían exigiendo hasta el 40 % del salario mensual de los contratistas a cambio de mantenerlos en sus cargos.
Según el comunicado de la Procuraduría, estos pagos se estarían realizando mediante coordinadores de grupos y transferencias digitales a través de plataformas como Nequi, lo que activó las alarmas del órgano de control. La gravedad de la situación llevó al Ministerio Público a abrir una actuación disciplinaria para determinar la veracidad de las denuncias y establecer las posibles responsabilidades.
Frente a la indagación previa de la Procuraduría sobre una denuncia de presuntos cobros a contratistas, la Alcaldía de Cali ha entregado toda la información para que se avance en las indagaciones en relación a este caso.
— Caracol Radio Cali (@Caracol_Cali) June 17, 2025
El secretario de Gobierno de Cali, Diego Hau Caicedo. pic.twitter.com/VMIIYD6vie
Ante esto, el secretario de Gobierno de Cali, Diego Hau Caicedo, aseguró que desde la Administración Distrital se activaron todos los protocolos internos de control y transparencia, y se entregó la información requerida a los entes de control. “Desde que recibimos las denuncias en redes sociales y en derechos de petición desde el Consejo de la Ciudad, se ha respondido de manera profunda, detallada y oportuna con la información que reposa en el Departamento de Contratación Pública”, explicó el funcionario.
Además, confirmó que ya se interpuso una denuncia penal ante la Fiscalía, la cual se encargará de llevar el caso en el ámbito judicial. “Estamos colaborando con dicha autoridad para que vaya hasta el final en esta investigación”, puntualizó Hau.
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El funcionario también anunció que, como medida preventiva, se desplegaron acciones conjuntas desde el Departamento de Control Interno Disciplinario, el Departamento de Contratación Pública y la Oficina de Transparencia, con el fin de blindar los recursos públicos y evitar que casos similares se repitan.
La Procuraduría, por su parte, advirtió sobre la posibilidad de que exista una red interna con fines políticos dentro de la administración que estaría detrás de estos cobros irregulares. Además, denunció que los funcionarios señalados habrían amenazado a algunos contratistas con incluirlos en una “lista roja” si no accedían a las exigencias económicas.
“El objetivo de esta actuación disciplinaria es verificar si existió o no la conducta denunciada, y si hubo dolo o causal que exonere de responsabilidad a los implicados”, indicó el ente de control.
Por ahora, la investigación continúa en curso y será la Fiscalía, junto con la Procuraduría, la que determine si hubo delitos y qué funcionarios estarían involucrados. La Alcaldía, por su parte, reiteró su compromiso con la transparencia, asegurando que no tolerará ningún acto de corrupción dentro de su estructura administrativa.
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