El Gobierno Nacional, en cabeza del presidente Gustavo Petro, alista el decreto por medio del cual se declara el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica para enfrentar la crisis humanitaria y la situación de cosas inconstitucionales que vive el departamento de La Guajira, especialmente para conjurar los fenómenos climáticos que se avecinan sobre la península.
Así lo anunció el presidente de Colombia, Gustavo Petro, durante la jornada de 'Gobierno con el pueblo: Diálogo Social' con comunidades del sur de La Guajira, que se realizó este sábado, 1 de julio de 2023, en el municipio de San Juan del Cesar.
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“La sequía que viene, y por lo cual hemos venido, y por lo cual decretamos la Emergencia Económica, Social y Ambiental en el territorio de La Guajira; está a una firma el decreto, tiene una realidad, es el fenómeno del 'Niño', que siempre sucede, pero acrecentado por la crisis climática”, afirmó el jefe de Estado.
Asimismo, agregó que “la venida aquí, como Gobierno, tiene como objetivo, ojalá no ilusorio, mirar cómo un Gobierno puede sentar las bases de lo que podría ser ponerse en otro carril, del carril de la exclusión hacia el carril de la inclusión democrática, y comenzar ese trecho hacia un mejor puerto”.
Durante la vigencia del estado de emergencia, que cubrirá el área urbana y rural de La Guajira, el Gobierno Nacional “adoptará mediante decretos legislativos, todas aquellas medidas adicionales necesarias para conjurar la crisis e impedir la propagación de sus efectos”.
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Además, según el decreto, el Gobierno “dispondrá de las operaciones presupuestales necesarias”, con el fin de focalizar los recursos destinados al propósito de la declaratoria de la emergencia.
En tal sentido, vale destacar que la declaración del Estado de Emergencia autoriza al presidente de la República, Petro, con la firma de todos los ministros, para dictar decretos con fuerza de ley destinados exclusivamente a conjurar la crisis y a impedir la extensión de sus efectos.
Asimismo, los decretos expedidos deben hacer referencia “a materias que tengan relación directa y especifica con el estado de emergencia, y podrán, en forma transitoria, establecer nuevos tributos o modificar los existentes”.
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Dicha sentencia advierte sobre la existencia de un estado de cosas inconstitucionales “en relación con el goce efectivo de los derechos fundamentales a la alimentación, a la salud, al agua potable y a la participación de los niños y niñas del pueblo wayuu” en La Guajira.
Al respecto, el Gobierno del presidente Petro, en pleno, se trasladó esta semana a La Guajira. Allí, a través de diálogos sociales con las autoridades y comunidades de los municipios de Riohacha, Manaure, Uribía y Maicao, ha conocido de cerca la problemática que enfrentan y ha concertado soluciones a sus necesidades.
También, se conoció que, mediante uno de esos decretos, el Gobierno se propone crear el Instituto de Aguas de La Guajira –que tendrá un nombre wayuu–, el cual no será una empresa que transforme el agua en mercancía, sino que va a tener la responsabilidad de gestionar el agua de manera adecuada y garantizando el servicio a las comunidades.
Pero la idea central de Petro es darle un uso más idóneo al agua del Embalse de Ranchería.
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