| Foto: Cristian Bayona y | Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA / SEMANA
La Corte Suprema de Justicia ordenó este lunes la compulsa de copias contra el actual presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, y el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, por presuntas irregularidades en los registros financieros de las campañas del Pacto Histórico en 2022. La decisión fue tomada por la Sala de Instrucción, que envió los documentos a la Fiscalía General de la Nación, al Consejo Nacional Electoral (CNE) y a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes.
El alto tribunal busca que se determine si hubo irregularidades en los gastos de transporte aéreo reportados en las campañas de la consulta presidencial de Gustavo Petro y del Senado del Pacto Histórico. En ese entonces, Roa se desempeñaba como gerente de la campaña presidencial y Jaramillo como gerente de la campaña al Congreso.
De acuerdo con el fallo, varios soportes de vuelos contratados con la Sociedad Aérea de Ibagué S.A.S. (SADI) al servicio del entonces candidato Petro aparecieron registrados como gastos de la campaña al Senado. La Corte advirtió que esos servicios “corresponden a un paquete global facturado originalmente a la campaña de Petro” y que luego se dividieron artificialmente en nuevas facturas a nombre de la campaña legislativa.
Los documentos revisados muestran que la factura inicial, emitida el 16 de marzo de 2022, incluía 72 horas de vuelo en helicóptero, 72 de avión y 72 de ambulancia aérea, además de servicios adicionales. Esa factura fue anulada y reemplazada por otras dos fechadas el 12 y 13 de abril, una dirigida a la campaña presidencial y otra a la campaña del Senado.
La Sala de Instrucción señaló que la fragmentación de los servicios podría configurar falsedad en documento privado y fraude procesal, ya que parte de los costos habría sido trasladada indebidamente entre campañas con el fin de alterar los reportes contables.
La decisión de la Corte se conoce pocos días después de que la Fiscalía archivara una investigación contra el ministro Guillermo Jaramillo por presunta financiación ilegal relacionada con vuelos contratados a la empresa SADI. En ese proceso, iniciado por una denuncia del congresista Hernán Cadavid, el ente acusador concluyó que no existían pruebas que vincularan penalmente al ministro.
Sin embargo, la Corte Suprema encontró nuevos elementos sobre el registro de esos gastos, por lo que ordenó reabrir la línea investigativa y remitir el caso a tres autoridades competentes. El expediente se suma a las múltiples indagaciones sobre la financiación de la campaña Petro Presidente, que ya acumula procesos en el CNE, la Comisión de Acusación y la Procuraduría General.
En octubre de 2024, el CNE formuló cargos por presuntas irregularidades superiores a $5.300 millones, por haber excedido los topes de gasto y recibido aportes de fuentes no permitidas, entre ellas los sindicatos Fecode y la USO. Aunque el organismo electoral no puede investigar directamente al presidente por su fuero, sí mantiene abiertas actuaciones contra Roa y otros responsables financieros de la campaña.
La compulsa de copias dispuesta por la Corte Suprema de Justicia abre un nuevo frente judicial en torno a la campaña que llevó a Gustavo Petro a la Presidencia. Mientras la Fiscalía y el CNE deberán revisar los posibles delitos electorales y financieros, la Comisión de Acusación estudiará si las actuaciones de los funcionarios implicados tuvieron incidencia penal o disciplinaria. Con este paso, la investigación sobre los vuelos y facturas de 2022 se convierte en uno de los casos más sensibles del panorama político actual en Colombia.
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