Hernán Penagos advirtió que no convocará a las urnas mientras no haya claridad constitucional sobre el decreto del Gobierno Petro
Por: Redacción el Qhubo/ Periodista Jesús Chacín-comunicador social
La consulta popular impulsada por el presidente Gustavo Petro para el próximo 7 de agosto quedó suspendida por ahora, luego de que la Registraduría Nacional decidiera no iniciar el proceso de convocatoria a las urnas hasta que las altas cortes se pronuncien sobre la legalidad del mecanismo.
El anuncio fue realizado por el registrador Hernán Penagos en rueda de prensa desde Bogotá, donde explicó que la entidad no tomará acciones sin tener certeza sobre el cumplimiento de lo establecido en el artículo 104 de la Constitución, el cual exige un concepto previo del Senado para que la consulta sea válida.
“No es una decisión política, es una decisión jurídica”, señaló Penagos, quien recordó que la Registraduría es un órgano autónomo y que su actuar responde exclusivamente a la legalidad y no a las presiones del Ejecutivo o el Legislativo.
El registrador explicó que la entidad ya inició una actuación para solicitar el pronunciamiento del Consejo de Estado y otras instituciones con competencia en el tema. El objetivo es determinar si el decreto 0639 de 2025, con el que el Gobierno busca convocar la consulta, tiene validez legal o si, por el contrario, debe archivarse.
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Además, Penagos alertó que la Registraduría ha recibido múltiples acciones judiciales que cuestionan el decreto presidencial. “Tenemos alrededor de 30 demandas de nulidad simple, seis demandas de inconstitucionalidad, más de 80 tutelas y siete solicitudes específicas que nos piden aplicar la excepción de inconstitucionalidad”, detalló.
Los reparos no solo provienen de sectores de la oposición. Partidos políticos, gremios y constitucionalistas han advertido que el decreto presidencial rompe la separación de poderes al desestimar la votación del Senado del pasado 14 de mayo, cuando la consulta fue negada por mayoría.
📲📰 El registrador nacional del Estado Civil, Hernán Penagos, anunció que ante clara y evidente controversia jurídica entre el ejecutivo y el legislativo sobre la convocatoria a la consulta popular nacional el día 7 de agosto de 2025, lo que procede jurídicamente es dejar en… pic.twitter.com/sC84FJWvEL
— Registraduría Nacional del Estado Civil (@Registraduria) June 17, 2025
“Permitir que se ejecute un decreto sin sustento legal sería un grave precedente institucional y comprometería recursos públicos en una convocatoria sin soporte constitucional”, se lee en el documento firmado por varias colectividades políticas y entregado a la Registraduría.
El registrador también se refirió a los plazos logísticos. Aseguró que si eventualmente el decreto logra superar las barreras jurídicas, el tiempo para organizar la jornada sería insuficiente. El ente electoral requeriría al menos tres meses, y solo quedaría poco más de 50 días para montar todo el proceso.
Desde la entidad anunciaron que se solicitará el acompañamiento de la Procuraduría General de la Nación, con el fin de garantizar transparencia en las actuaciones. Asimismo, hicieron un llamado a las altas cortes para que emitan una decisión de fondo en el menor tiempo posible.
“Es importante que el país tenga claridad sobre el rumbo institucional que debe tomarse. No se puede generar un escenario de inseguridad jurídica o crisis entre poderes”, concluyó Penagos, sin confirmar si habrá una nueva fecha tentativa en caso de que la consulta reciba luz verde.
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