En el Día Internacional para la Sensibilización contra las Minas Antipersonal, la entidad pidió avanzar en el desminado humanitario y reforzar el cumplimiento de los compromisos internacionales suscritos por Colombia.
Por: Redacción el Qhubo/Periodista Jhisús Chacín
En un país donde el conflicto armado ha dejado profundas cicatrices en sus territorios y comunidades, la eliminación total de las minas antipersonal sigue siendo una tarea pendiente. Así lo reafirmó la Defensoría del Pueblo durante un foro realizado este 4 de abril, en el marco del Día Internacional para la Sensibilización contra las Minas Antipersonal, donde se abordaron los avances, retos y compromisos pendientes en la materia.
El evento, convocado por la Acción Integral contra Minas Antipersonal (AICMA) y la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana, contó con la participación del Vicedefensor del Pueblo, Roberto Molina Palacios, quien fue enfático al pedir celeridad en el cumplimiento de la Convención de Ottawa, instrumento internacional que prohíbe el uso, producción, almacenamiento y transferencia de estos explosivos, y establece su destrucción.
👉🏽Conmemoramos el Día Internacional para la Sensibilización Contra Las Minas Antipersonal ante la necesidad de visibilizar el riesgo producido para las comunidades.
— Defensoría del Pueblo (@DefensoriaCol) April 4, 2025
Desde la Defensoría del Pueblo reafirmamos nuestro compromiso con la protección de los derechos humanos y la… pic.twitter.com/hgCdHM9pVC
“Cumplir esta Convención es una condición esencial para garantizar los derechos de las comunidades y transformar los territorios históricamente afectados por la violencia”
Afirmó Molina Palacios.
El funcionario recordó que el desminado humanitario es una prioridad constitucional para la entidad, ya que se encuentra directamente ligado al respeto y garantía de los derechos humanos.
“Es una línea prioritaria dentro de las gestiones humanitarias que lideramos”
Insistió.
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Las cifras del horror
Aunque Colombia ha avanzado en la erradicación de minas antipersonal, los datos siguen siendo alarmantes. Según AICMA, los cinco municipios con mayor número de víctimas desde 1990 son: Tumaco (403), Vistahermosa (369), Tame (350), Tarazá (278) y San Vicente del Caguán (275). Por departamentos, Antioquia encabeza la lista con 2.675 víctimas, seguido de Nariño (1.156), Meta (1.153), Norte de Santander (973) y Caquetá (954).
Estas cifras reflejan la magnitud del daño que sigue vigente en muchas regiones del país, donde el temor a toparse con un artefacto explosivo continúa limitando la movilidad, el retorno de las comunidades desplazadas y el ejercicio de la vida cotidiana con dignidad.
#ColombiaSinMinas | Las minas antipersonal no solo siembran muerte, también detienen el desarrollo y apagan la esperanza en las comunidades.
— Mindefensa (@mindefensa) April 4, 2025
En el Día Internacional de Sensibilización contra las Minas Antipersonal, la secretaria de Gabinete del #MinDefensa, @alexandraG_Z,… pic.twitter.com/wgkX1hVb64
En ese sentido, durante el foro también se anunció la expedición del Protocolo de Gestiones Humanitarias, una herramienta desarrollada por la Defensoría para establecer un marco de actuación institucional frente a situaciones críticas como el confinamiento, el desplazamiento forzado y las amenazas derivadas de la presencia de minas y otros explosivos.
Un llamado a la acción
La Defensoría del Pueblo aprovechó el espacio para enviar un mensaje contundente a todos los actores armados en el país: “abandonen la práctica del uso de minas”, en concordancia con el Derecho Internacional Humanitario y el respeto a la vida de las poblaciones civiles. Asimismo, reiteró su respaldo a las comunidades víctimas del conflicto armado y su compromiso por avanzar hacia territorios seguros, libres de minas y con oportunidades para la paz.
“Es urgente erradicar estos artefactos que, más allá del daño físico, perpetúan el miedo y la exclusión en cientos de comunidades”
Concluyó la entidad en su comunicado oficial.
La eliminación de las minas antipersonal no es solo una meta técnica: es un imperativo ético y humanitario, una deuda que Colombia tiene con sus regiones más golpeadas por la guerra, y un paso clave hacia una paz real y duradera.
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