El Consejo de Estado admitió una acción de tutela presentada por la abogada caleña María Cristina Cuéllar contra la Presidencia de la República debido a la retransmisión televisiva de los consejos de ministros en horario prime time, afectando la programación habitual de los canales privados.
El debate se intensificó tras la emisión del más reciente consejo de ministros el pasado miércoles 26 de marzo, el cual fue transmitido por varios canales nacionales desde las 7:00 p.m. hasta pasadas las 9:00 p.m.. Esta decisión ha generado críticas entre algunos ciudadanos que consideran que su derecho a elegir contenido en ese horario se ve vulnerado.
El punto central de la controversia radica en el uso que el presidente Gustavo Petro está haciendo de la Ley 182 de 1995, que permite al jefe de Estado utilizar los servicios de televisión. No obstante, en 2021 la Corte Constitucional eliminó la frase que otorgaba este derecho sin restricciones, lo que ha reabierto el debate sobre si el mandatario está incurriendo en una extralimitación de funciones.
Además, la Ley 63 de 1923, que regula los consejos de ministros, establece que el contenido de estas reuniones debería ser reservado para no comprometer estrategias gubernamentales. Sin embargo, el presidente Petro ha insistido en que estas discusiones deben ser de conocimiento público, por lo que ha ordenado su transmisión a través de canales públicos y privados.
Ante este panorama, el Consejo de Estado decidió admitir la tutela y vinculó a los principales canales privados del país, Caracol Televisión, Canal RCN y Canal UNO, como terceros interesados en el proceso, dado que han visto afectada su parrilla de programación. Ahora, estas empresas deberán presentar sus argumentos sobre el impacto que esta medida ha tenido en sus emisiones y en su audiencia.
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El último consejo de ministros televisado tuvo como eje central la crisis del sistema de salud en Colombia. Durante su intervención, el presidente Petro aseguró que la situación ha sido "premeditada" para sacarlo del poder y advirtió que, si el Senado no aprueba la reforma a la salud, su Gobierno buscará implementar cambios vía decreto y procederá con la liquidación de lo que sea necesario.
Mientras se espera el fallo del Consejo de Estado, el país sigue dividido entre quienes defienden el derecho del presidente a informar a la ciudadanía y quienes consideran que está utilizando los medios de comunicación de manera abusiva y desproporcionada.
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