"¿Ya le exigieron a los "gestores de paz" de las disidencias FARC que se comprometan a no infiltrarse en los campus universitarios, forzar su desalojo, usarlos de campos de lanzamiento de artefactos mortíferos con el propósito de quitarle la vida a cualquier transeúnte o policía?", así fue la manera en la que la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, reaccionó al conocer que el Gobierno Nacional emitió la resolución en la que se reconoció a seis guerrilleros como nuevos gestores de paz.
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Es de recordar que en el artículo primero de la resolución se dijo lo siguiente:
“Reconocer como gestores de paz a los señores Jeisson Ferney Lasso Devia, Rolan Arnulfo Torres Huertas, Euser Motta Meneses, Jhonmaro Ortiz Camayo, Faber García Guzmán y John Janier Trochez Medina para contribuir con su conocimiento y experiencia a la estructuración de procesos de paz con el Estado Mayor Central de las FARC-EP y, en este marco facilitar la implementación del cese al fuego decretado a través de su participación en el mecanismo de veeduría, monitoreo y verificación”.
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Entonces, con este panorama, López cuestionó fuertemente sobre las garantías que se le está dando a los colombianos.
"¿Qué garantías tienen los ciudadanos que sí están en paz tratando de estudiar y trabajar decentemente frente a las gabelas dadas a los "gestores de paz" del Estado Mayor de las disidencias FARC?", agregó.
En ese mismo documento de la resolución número 136 de 2023 se solicitó "a las autoridades judiciales y administrativas competentes la suspensión de las medidas de aseguramiento, órdenes de captura y penas que se estén cumpliendo por parte de los gestores paz aquí designados en el marco de lo dispuesto por el Decreto 1175 de 2016".
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También, se pidió comunicar por intermedio de la oficina del Alto Comisionado para la Paz la resolución a las autoridades judiciales y administrativas competentes y a las personas designadas como gestores de paz para lo de su competencia.
Entre los individuos reconocidos como gestores de paz se encuentran figuras destacadas en la estructura criminal de las disidencias de las Farc, como el jefe de finanzas Jorge Briceño y el asesino de un patrullero de la Policía en Toribio (Cauca), quienes, están vinculados a diversas actividades delictivas.
Esta resolución ha generado controversia debido a que se emitió una semana después de que el Gobierno Petro rompiera el cese al fuego bilateral con las disidencias de las Farc. Durante este periodo, el grupo criminal aprovechó la situación para continuar con sus acciones delictivas en varias regiones del país.
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Aunque las partes han manifestado su interés en iniciar un diálogo de paz, esta decisión ha generado críticas y preocupación sobre la participación de criminales en las negociaciones.
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Fotos de portada | Foto 1: AFP / Foto 2: SEMANA
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