Mediante decreto, el Ejecutivo suprimió el beneficio de localización, vivienda y salud, argumentando que el salario de los legisladores es desproporcionado frente a la realidad económica del país.
Redacción El Qhubo/ Periodista Jhisús Chacín
En un movimiento administrativo sin precedentes en la historia legislativa reciente, el Gobierno Nacional oficializó la eliminación de la prima especial de la que gozaban los senadores y representantes a la cámara. Esta medida, que se concretó a través de un decreto presidencial, retira del ingreso mensual de cada legislador una suma superior a los 16 millones de pesos, rubro que hasta la fecha estaba destinado a cubrir conceptos de localización, vivienda y salud.
La decisión administrativa impacta directamente la estructura de la remuneración de los parlamentarios, la cual se compone históricamente de tres grandes pilares: el sueldo básico, los gastos de representación y la mencionada prima especial. Con esta supresión, el Ejecutivo busca nivelar las cargas financieras del Estado y responder a una de las exigencias sociales más recurrentes en los últimos años sobre el costo del Congreso.
El texto del decreto es enfático al señalar que el ingreso que venían percibiendo los congresistas resultaba desproporcionado si se compara con el salario promedio de los ciudadanos colombianos. El documento oficial argumenta que la medida es una respuesta necesaria ante la realidad económica del país, donde la brecha entre los altos funcionarios y la clase trabajadora ha sido motivo de constantes tensiones políticas.
Hasta antes de esta normativa, el salario de los legisladores era indexado anualmente de forma automática, lo que generaba un distanciamiento progresivo frente al salario mínimo. Con la eliminación de este beneficio de 16 millones, el Gobierno busca enviar un mensaje de austeridad en el gasto público, atacando uno de los beneficios más cuestionados por la opinión pública debido a su naturaleza de pago adicional.
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El Gobierno del Presidente @PetroGustavo elimina la prima especial de los congresistas.
— Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) January 21, 2026
Desde el 20 de julio de 2026, los congresistas dejarán de recibir la prima especial de servicios, un pago adicional vigente desde 2013.
Este es un paso firme hacia la austeridad y el uso… pic.twitter.com/vGwG3tipwo
La eliminación de esta prima por vía administrativa ocurre tras una década de intentos fallidos en el Legislativo. Desde el año 2015, se han radicado en el Capitolio cerca de 18 proyectos de ley que buscaban reducir, congelar o poner un tope máximo al salario de los congresistas. No obstante, todas estas iniciativas terminaron archivadas debido a la falta de quórum, conflictos de interés o falta de voluntad política de las mismas bancadas.
La decisión del Ejecutivo de actuar mediante decreto evita el tránsito legislativo que tradicionalmente bloqueaba estas reformas. Al considerarse un ajuste en los gastos de administración del Estado, el Gobierno ha encontrado una vía jurídica para aplicar el recorte sin necesidad de pasar por una votación en las plenarias, donde el interés de los propios afectados solía hundir las propuestas de reducción salarial.
Aunque la medida ha sido celebrada por diversos sectores sociales, se espera que genere una fuerte reacción jurídica por parte de algunos miembros del Congreso. Los críticos del decreto sugieren que este ajuste podría vulnerar derechos adquiridos o la autonomía de las ramas del poder, aunque el Gobierno se mantiene firme en que la facultad de reglamentar las primas y gastos de los servidores públicos es de competencia del Ejecutivo.
Este recorte llega en un momento de alta exigencia fiscal para la nación y se suma a otras medidas de ahorro que el Ministerio de Hacienda ha intentado implementar. La eliminación de la prima de vivienda y salud obligará a los parlamentarios a cubrir estos gastos con su sueldo básico, transformando radicalmente el flujo de ingresos que, durante años, los ubicó como una de las élites mejor remuneradas de toda Latinoamérica.
