El nombramiento de Juan Carlos Florián como ministro de la Igualdad enfrenta un nuevo obstáculo judicial. La Sección Quinta del Consejo de Estado recibió una acción de nulidad en contra del decreto con el que el presidente Gustavo Petro oficializó su llegada a la cartera el pasado 11 de agosto, luego de la renuncia de Carlos Rosero. La razón: el presunto incumplimiento de la Ley 2424 de 2024, que establece que al menos la mitad de los ministerios deben estar liderados por mujeres.
La demanda fue interpuesta por la representante a la Cámara Catherine Juvinao, de la Alianza Verde, quien argumenta que el Ejecutivo está desconociendo un mandato legal diseñado precisamente para garantizar la paridad en los cargos de máxima decisión en el país. De prosperar, el fallo podría tumbar la designación de Florián, lo que representaría un duro revés para el Gobierno, que ya enfrenta críticas por la falta de equilibrio de género en el gabinete.
El relevo en el Ministerio de la Igualdad se produjo tras la salida de Carlos Rosero, quien había asumido el cargo el 27 de febrero y dimitió en medio de cuestionamientos por la ejecución presupuestal de la entidad. Su renuncia se oficializó el 2 de agosto, aunque días antes el presidente ya había dejado ver su malestar por la gestión. En un consejo de ministros televisado, Petro le reprochó que estuviera excluyendo a funcionarios que lo habían acompañado en su alcaldía de Bogotá.
El mandatario defendió entonces la trayectoria de Florián, un politólogo que se venía desempeñando como viceministro de Juventudes y que, según dijo, había recibido previamente su promesa de ocupar un cargo de alto nivel. “A mí nadie que sea negro me va a decir que hay que excluir a un actor porno que creó el sindicato de trabajadores sexuales”, señaló Petro en aquel momento, frase que causó polémica y que reflejó la tensión en torno a la salida de Rosero.
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El nombramiento de Florián, sin embargo, no solo generó reacciones políticas, sino que ahora será objeto de control judicial. La magistrada Gloria Gómez Montoya será la encargada de estudiar la admisión del proceso y de elaborar la ponencia respectiva para que la Sección Quinta decida si el acto administrativo debe ser anulado.
Este caso se suma a otro recurso que también cuestiona la falta de paridad en la conformación del gabinete, lo que refuerza la presión sobre el Gobierno para cumplir estrictamente la norma. La decisión que adopte el Consejo de Estado no solo definirá el futuro de Florián, sino que también marcará un precedente sobre la obligatoriedad de la representación femenina en los más altos niveles del Ejecutivo.
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