Más de 20 personas realizaron un plantón en el parque central del barrio El Peñón, exigiendo a la Alcaldía de Cali que cumpla con la orden de demolición de la estructura turística que se está realizando en el antiguo Colegio de la Sagrada Familia.
Este fue convocado y ejecutado por el Centro Histórico Adelante, que es un colectivo conformado por la Sociedad de Mejoras Públicas, delegados de las JAC de la Merced, San Cayetano, San Antonio y El Peñón, además de la Sociedad de Arquitectos y la Facultad de Arquitectura de la U.V.
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‘Armados’ con megáfonos y pancartas, estas personas alzaron sus voz ante la Alcaldía, ya que desde el 2018 está ordenada la demolición de esta construcción y, hasta el momento, no se ha cumplido.
“Aquí creemos que es importante trabajar en el patrimonio, pero conforme a las normas que ya se han establecido. Tenemos un marco legal, el país tiene un marco legal y pedimos que se respete. Hay una manera adecuada de intervenir y por eso queremos pedir que se revise la manera en que se remodeló este bien de interés cultural”, expresó Claudia Rincón, arquitecta y asistente al plantón.
De acuerdo con los habitantes del barrio El Peñón (donde está ubicada la edificación) y algunos otros barrios aledaños, esta construcción atenta totalmente contra el estilo patrimonial que tiene el antiguo Colegio de la Sagrada Familia, por lo que quieren que se tenga un precedente frente al cuidado de este tipo de edificaciones en Cali.
“Cuando nosotros nos mudamos aquí en 2011 la Sagrada Familia era un lugar donde se hacía el salón de artistas, me impresionó mucho porque se hicieron unas exposiciones excelentes, me encantó este lugar, este patrimonio, de hecho esa fue una de las razones para mudarnos aquí; pero, ahora, estamos realmente aterrados de la no acción cuando está muy claro y hay un fallo desde finales desde el 2018 que dice que se tiene que derrumbar los tres pisos que se hicieron ilegalmente por encima de lo que está permitido”, comentó Dessislava Grubhofer, una ciudadana extranjera que se enamoró de Cali.
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De acuerdo con las declaraciones de Dessislava Grubhofer, es inaudito incluso que desde un principio no se haya hecho respetar las normas de construcción y que, debido a ello, ahora se tenga que usar dineros públicos para demoler esta edificación.
“Aquí sería excelente para la ciudad volver a tener un museo, un lugar cultural, un lugar para tener encuentros con exposiciones temáticas, eso tendría un impacto positivo para la ciudad y atraería mucho público. Sería retomar lo que realmente simboliza la Sagrada Familia”, agregó.
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Tres años y medio después de iniciado el gobierno de Jorge Iván Ospina, ha sido imposible que ejecute la orden de demoler los tres pisos que levantó de más el constructor de la Sagrada Familia, sin permisos ni licencias, y violando normas arquitectónicas y patrimoniales.
Por alguna razón, su gobierno dejó pasar el tiempo ignorando el fallo y ya en seis meses, de acuerdo con la Ley 1437 del 2011, el constructor se habrá salido con la suya. Porque el Artículo 91 establece que hay pérdida de ejecutoriedad del acto administrativo cuando “tras cinco años “de estar en firme, la autoridad no ha realizado los actos que le correspondan para ejecutarlos”.
Es decir, si el gobierno Ospina no ejecuta la demolición de las obras no autorizadas, después de noviembre no podrá tumbar nada de lo que la constructora Jero SAS levantó sin permisos porque el acto administrativo está fechado el 16 de noviembre de 2018. Lo que se hizo de forma ilegal quedará legalizado por omisión de la Alcaldía.
Según la Curaduría Urbana No. 1, a Jero SAS se le autorizaron 22 locales comerciales y proyectaron 58; eran 113 parqueaderos y al final tenía 120 y otros 24 para motos; las habitaciones del hotel, razón de ser del edificio, las bajaron de 68 a 65; el gimnasio se cambió por un restaurante; se eliminó el salón de eventos para hacer cuatro salas de cine, y la bolera se omitió para construir once islas comerciales.
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