Para la Fiscalía General, María Isabel Urrutia Ocoró, el 27 de febrero de 2023 aprovechó sus últimos minutos al frente del Ministerio del Deporte, canceló y firmó en tiempo récord 104 contratos de prestación de servicio con el único fin de beneficiar a un grupo de personas recomendadas.
Sin justificación alguna, Urrutia -quien fue retirada del cargo por orden del presidente Gustavo Petro- aprovechó las funciones que tenía y canceló estos contratos para renovarlos pocas horas después “con la premura y el afán” para favorecer a los contratistas.
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“La Fiscalía encontró que esta falencia ocurre con ocasión al afán ilícito de adjudicar de forma maratónica los contratos en mención sin que sobre los mismos existiera una organización y planificación”, precisó el fiscal del caso.
Debido a que los hechos se presentaron cuando era Ministra activa, la audiencia se adelanta ante una magistrada de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá.
El delegado del ente investigador reprochó la actitud de Urruria Ocoró y aseguró que ella sabía que esto era totalmente irregular. “Pensó que la contratación estatal era la simple reproducción de documentos de contratos anteriores, sin observar la relevancia jurídica que sobre estos recaía”.
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Por estos hechos, la Fiscalía le imputó el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales. El ente investigador no solicitará ningún tipo de medida de aseguramiento.
“Se terminaron de forma anticipada, de forma irregular”, advirtió el fiscal del caso. Después de esto, firmó los mismos convenios con las mismas funciones, pero alargando su finalización para diciembre de 2023. “Usted, doctora María Isabel Urrutia agotando sus últimos minutos en el Ministerio, firmó estos contratos, no espero a que culminaran los tiempos”.
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Con este actuar “inobservó” los principios de la contratación pública. Pese a tener experiencia en cargos y funciones públicas sabía que todo esto iba en contra de la ley y aun así lo ejecutó. Todo esto ocurrió cuando sabía que no iba a seguir al frente de la cartera de Deportes. Por esto se le atañe que incurrió en una actitud dolosa.
“Con la conducta desplegada usted, doctora María Isabel, lesionó el bien jurídicamente tutelado de la administración pública sin justa causa”, recalcó el fiscal. “Estos fines fueron quebrantados por usted con las decisiones orientadas por usted con el fin de favorecer a terceros en la contratación”.
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