Además, se descubrió que los pagos de seguridad social se detuvieron en julio de 2022, meses antes de que Meza comenzara a trabajar para Laura.
Esto resulta irónico en un gobierno que ha defendido la causa de los menos privilegiados y revela la discrepancia entre las afirmaciones de Sarabia y la realidad. Un documento presentado por SEMANA muestra que Sarabia tuvo que admitir ante un juez laboral que no realizó los pagos correspondientes de seguridad social durante los casi cuatro meses en los que Meza trabajó en su casa. Además, no incluyó los montos adeudados en el momento de la liquidación.
En el documento, fechado el 8 de junio, Sarabia ofrece una suma de 21 millones trescientos ochenta y dos mil pesos como "liquidación definitiva de salarios y prestaciones sociales adeudadas por los cuatro meses y quince días en los que estuvo a su servicio". Laura aclara que la desvinculación ocurrió dos semanas después de la pérdida de dinero en su casa y que el salario de Meza era de dos millones doscientos mil pesos.
El desglose de los pagos adeudados a Meza, según lo presentado por Sarabia, incluye salario, cesantías, sanciones legales, vacaciones, prima de servicios, auxilio de transporte, sanción por no pago de liquidación e indemnización por despido sin justa causa, sumando un total de 21.470.798 pesos.
Ante las acusaciones de Meza, Sarabia se presentó inicialmente como víctima de las circunstancias. Sin embargo, al responder, Sarabia comentó: "Es sorprendente que, después de ser la víctima, termine debiéndole a la persona". Sarabia relató cómo, después de que Meza no pasara la prueba del polígrafo, decidió reemplazar a todo su equipo de seguridad por su tranquilidad.
Aunque Sarabia reconoció que el polígrafo no es una prueba judicial, mencionó que las recomendaciones la llevaron a tomar esa decisión. Explicó: "No puedo afirmar si te apropiaste o no de eso, pero, por mi tranquilidad, tampoco podía tener a una persona sin una razón por tanto tiempo".
El caso de Marelbys Meza ha revelado la situación laboral irregular y los incumplimientos de pagos en el hogar de Laura Sarabia, generando controversia y cuestionamientos sobre la defensa de los derechos laborales en el gobierno.
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