Tres años y medio después de iniciado el gobierno de Jorge Iván Ospina, ha sido imposible que ejecute la orden de demoler los tres pisos que levantó de más el constructor de la Sagrada Familia sin permisos ni licencias, y violando normas arquitectónicas y patrimoniales.
Por alguna razón, su gobierno dejó pasar el tiempo ignorando el fallo y ya en seis meses, de acuerdo con la Ley 1437 del 2011, el constructor se habrá salido con la suya. Porque el Artículo 91 establece que hay pérdida de ejecutoriedad del acto administrativo cuando “tras cinco años “de estar en firme, la autoridad no ha realizado los actos que le correspondan para ejecutarlos”.
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Es decir, si el gobierno Ospina no realiza la demolición de las obras no autorizadas, después de noviembre no podrá tumbar nada de lo que la constructora Jero SAS levantó sin permisos porque el acto administrativo está fechado el 16 de noviembre de 2018. Lo que se hizo de forma ilegal quedará legalizado por omisión de la Alcaldía.
Según la Curaduría Urbana No. 1, a Jero SAS se le autorizaron 22 locales comerciales y proyectaron 58; eran 113 parqueaderos y al final tenía 120 y otros 24 para motos; las habitaciones del hotel, razón de ser del edificio, las bajaron de 68 a 65; el gimnasio se cambió por un restaurante; se eliminó el salón de eventos para hacer cuatro salas de cine, y la bolera se omitió para construir once islas comerciales.
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En su columna del pasado jueves, el arquitecto Benjamín Barney, refiriéndose a la Sagrada Familia, escribió que “... en este caso no se trataba de conservar el colegio, sino de utilizarlo, y la codicia llevó a pretender aumentar el área construida haciendo más pisos, sin importar los inconvenientes de todo tipo que les ocasionaría a sus vecinos”.
Seguidamente, en argumentos similares se basaron los juzgados para negarle a Hernando Morales, abogado de la constructora Jero SAS, todas las acciones judiciales que interpuso, entre ellas 11 tutelas y un proceso en Procuraduría. Aún así, está a punto de obtener el triunfo que le negó la justicia por la inacción del gobierno de Jorge Iván Ospina, de quien también es su abogado personal.
Este último relacionamiento, según el abogado Élmer Montaña, es el que ha impedido que la Alcaldía acate la orden de demoler los tres pisos que Jero SAS hizo de manera ilegal.
“Es evidente que la cercanía del alcalde Ospina con Hernando Morales trajo como consecuencia que no cumpliera con la orden de demolición de esa obra. No necesita uno descerebrarse para colegir eso y ahí hay un tema de corrupción gravísimo; obviamente funcionarios de la Alcaldía le han servido a los intereses de Morales, que se va a salir con la suya y va a ganar de manera estruendosa”, dice Montaña.
Estruendosa, explica, porque logrará que la obra ilegal se mantenga pese a violar las normas de construcción y a causar todas las afectaciones que considera la Curaduría. Y segundo, porque seguramente Morales saldrá airoso en la demanda que presentó contra el Municipio por $64.ooo millones por presuntos daños y perjuicios a los constructores de la Sagrada Familia.
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