La renuncia de Díaz Torres fue aceptada el pasado 29 de mayo por el ministro de Defensa, Iván Velásquez, y en su reemplazo fue designado Raúl Alfonso Gutiérrez, según consta en el decreto emitido por el Ministerio de Defensa Nacional. SEMANA obtuvo acceso a este documento que confirma la salida de Díaz Torres y el nombramiento de Gutiérrez como encargado del cargo.
El viceministro Díaz Torres estuvo involucrado en una polémica cuando intentó que un periodista de SEMANA firmara una cláusula de confidencialidad para evitar la publicación de información reservada relacionada con un contrato millonario para la compra de 58 vehículos de guerra a una empresa canadiense. La Fiscalía General de la Nación abrió una investigación sobre este caso de presuntas irregularidades, citando a varios funcionarios del Ministerio de Defensa para que brinden explicaciones sobre la estructuración del acuerdo, cuyos presuntos sobrecostos podrían ascender a los 17 millones de dólares.
Aunque la renuncia del viceministro no había sido confirmada por el Gobierno, SEMANA ha obtenido los documentos que verifican su salida del cargo. Fuentes cercanas a la situación habían indicado previamente que, tras la publicación del artículo periodístico, la permanencia de Díaz Torres se volvió insostenible.
Esta decisión del ministro Velásquez de aceptar la renuncia del alto funcionario demuestra la importancia de abordar las denuncias de posibles irregularidades y tomar medidas enérgicas para garantizar la transparencia y la integridad en los contratos gubernamentales. El Gobierno y la Fiscalía continuarán investigando este caso con el objetivo de esclarecer las presuntas irregularidades y establecer las responsabilidades correspondientes.
Una grave denuncia ha surgido en relación con un multimillonario acuerdo firmado por el Ministerio de Defensa de Colombia, el cual involucra presuntos sobrecostos por más de 305 millones de dólares. La denuncia recibida por la revista SEMANA señala que la entonces secretaria general, Ana María Garzón, mano derecha del ministro de Defensa Iván Velásquez, habría dejado firmado este acuerdo en diciembre pasado, durante las festividades de fin de año. Tres meses después, Garzón dejó su cargo de manera repentina y en completo secreto, sin dar ninguna explicación.
Ante la gravedad de la denuncia, SEMANA buscó una respuesta por parte del Ministerio de Defensa. La revista basa su denuncia en documentos oficiales, que incluyen el contrato y los soportes utilizados para elaborar las especificaciones técnicas del proveedor de los vehículos militares.
Sin embargo, en lugar de proporcionar una explicación sobre esta multimillonaria y discreta inversión, un viceministro y otros funcionarios intentaron callar a SEMANA mediante arbitrariedades y presiones. La reunión con los funcionarios tuvo lugar el pasado 20 de abril en el Ministerio de Defensa. En dicho encuentro, se acordó que habría una respuesta oficial a la denuncia. El viceministro de Estrategia y Planeación, el general en retiro Ricardo Díaz, encabezó la reunión, acompañado por otros funcionarios y miembros del equipo de comunicaciones del Ministerio.
Durante la reunión, el director de proyección de capacidades e innovación, Javier Mondragón, expuso los argumentos en favor de la adquisición de los vehículos. Sin embargo, la situación se volvió tensa cuando SEMANA mostró fotografías de los documentos de la denuncia al coronel Luque, con el fin de verificar su autenticidad. Esto generó malestar en el director Mondragón, quien expresó su desacuerdo ante las pruebas presentadas por SEMANA. Mondragón afirmó que el Ministerio de Defensa no estaba de acuerdo con la dinámica que estaba tomando la reunión.
A pesar de la tensión, la reunión continuó, aunque con reservas respecto a los documentos de la denuncia. Desde el inicio, se acordó que no se mostrarían físicamente los documentos para proteger la identidad de la fuente y evitar represalias.
Sin embargo, el coronel del Ejército Óscar Alberto Melo reaccionó indignado y preguntó por qué SEMANA tenía en su poder documentos de seguridad nacional. La respuesta fue clara: formaba parte del trabajo periodístico y cualquier filtración de información era responsabilidad del Ministerio. El coronel Melo elevó la voz y consideró esta respuesta como una falta de respeto, lo que llevó al viceministro Díaz a intervenir y pedirle que se calmara.
En medio de esta tensa situación, el viceministro Díaz expuso los argumentos para la adquisición de los vehículos 8x8 y explicó que el proceso se había iniciado en 2012. Sin embargo, SEMANA demostró durante la reunión que el acuerdo había sido firmado por el gobierno de Gustavo Petro a finales de 2022. Fue en este momento cuando se produjo el intento de censura. El director Mondragón, quien previamente había mostrado su desacuerdo con las fotografías presentadas por SEMANA, advirtió que los temas tratados eran de seguridad nacional y altamente sensibles, por lo que no podían ser divulgados públicamente. Ante esta advertencia, el viceministro Díaz presentó un documento y condicionó la continuidad de la reunión a que SEMANA lo firmara.
Este documento era un acuerdo de confidencialidad en el cual se exigía a SEMANA comprometerse a no publicar absolutamente nada. Ante esta solicitud, el periodista de SEMANA se negó rotundamente a firmar dicho documento. Como consecuencia, el viceministro ordenó que la reunión se diera por terminada, tal como había advertido previamente.
Resulta sorprendente que, a pesar de que el presidente Gustavo Petro había criticado enérgicamente la adquisición de armas y aviones para las Fuerzas Militares debido a su alto costo, su gobierno firmó este acuerdo astronómico con una empresa canadiense para la compra de 55 vehículos blindados LAV III 8x8 con el fin de fortalecer al Ejército. La denuncia sobre posibles sobrecostos e irregularidades en este acuerdo ha generado un escándalo que pone en entredicho la transparencia y la eficiencia en los contratos gubernamentales.
La situación requiere una exhaustiva investigación para esclarecer los presuntos sobrecostos y determinar las responsabilidades correspondientes. Además, resulta fundamental proteger la libertad de prensa y garantizar que los periodistas puedan ejercer su labor sin presiones ni amenazas por parte de funcionarios públicos.
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