El presidente Gustavo Petro firmó el decreto 929 de 2023 con el que busca propiciar una reducción de las tarifas de electricidad que pagan los usuarios en Colombia.
Este decreto ha sido criticado por varios gremios del sector que lo consideran una extralimitación, porque con el tiempo la Comisión de Regulación de Energía y Gas, Creg, se ha encargado de dicha regulación de tarifas. Incluso, algunos afirmaron en su momento que el decreto puede deteriorar la confianza del sector y desalentar nuevas inversiones.
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“Avanzamos en la segunda fase del Pacto por la Justicia Tarifaria, con el objetivo de orientar la regulación y promover una efectiva competencia en los segmentos de mercado donde esto es posible. Estos lineamientos nos permitirán aumentar la eficiencia para el sistema eléctrico, de manera tal, que conlleve a precios justos para los usuarios”, recalcó Irene Vélez Torres, ministra de Minas y Energía.
Cabe destacar que este decreto le ordena a la Creg que adopte regulaciones que incluyan un seguimiento más estricto de los vertimientos de agua de las hidroeléctricas.
De hecho, esta medida se decidió luego de un análisis de la Superintendencia de Servicios públicos, según el cual, las hidroeléctricas no estaban fijando sus ofertas en la bolsa de energía basándose en los pronósticos del clima o el nivel de sus embalses.
El decreto busca que los operadores de red instalen techos solares en barrios con problemas de recaudo en tarifas para poder reducir el cobro de pérdidas en el sistema. Por otro lado, quienes instalen soluciones no convencionales en sus viviendas no tendrían que pagar un cobro que se conoce hoy como ‘energía reactiva’.
Asimismo, el Gobierno le pide a la Comisión de Regulacion de Energía y Gas que flexibilice el cobro de garantías en el mercado mayorista de energía y establezca mecanismos para “que los usuarios y los agregadores de demanda, puedan ofertar reducciones, desconexiones de demanda u otros esquemas de participación en el Mercado de Energía Mayorista”.
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De acuerdo con la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica, este año existe una probabilidad de que la magnitud del fenómeno de El Niño sea moderada mayor al 80%, lo que se traduce a que posiblemente el precio de la energía podría incrementarse.
De esta manera, la Superintendencia de Servicios Públicos reveló cuáles serían las zonas que más afectadas se podrían ver con estos incrementos, ya que la ola de calor puede afectar el volumen disponible en los embalses para generar energía a través de las plantas hidroeléctricas.
El ente supervisor podría subir la tarifa del servicio público y detalló que las compañías que se verían impactadas atienden cerca del 35,5 % de la demanda en el país. En resumidas cuentas, más de 6 millones de colombianos se verían afectados ante esa menor generación hidroeléctrica.
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Sin embargo, el presidente Petro el pasado 19 de mayo manifestó en su cuenta de Twitter que es muy temprano para hablar de apagones, y que se debe esperar hasta junio o julio para medir con certeza los niveles a los que podría llegar la ola de calor.
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