Diseño: Jesús Chacín/El País
El pronunciamiento se dio tras la petición del presidente Gustavo Petro, quien pidió aplicar la ley de utilidad pública a la empresaria, condenada a cinco años y dos meses de prisión por vandalizar una estación de TransMilenio en 2019. En una publicación en X (antes Twitter), el mandatario afirmó que Barrera, al ser madre cabeza de familia, tiene derecho a este beneficio legal.
El rol de la justicia en el caso
En una entrevista con Blu Radio, la ministra de Justicia aclaró que ni ella ni el Ejecutivo tienen facultades para modificar una condena o interceder en decisiones judiciales. “La sentencia, la condena, no la puede tocar ninguna otra autoridad y, al ser un sustitutivo de prisión, solamente la puede modificar el juez”, puntualizó Buitrago.
Según explicó, para acceder a la ley de utilidad pública, se deben cumplir ciertos requisitos, como ser cabeza de hogar y haber cometido delitos relacionados con hurto o tráfico de estupefacientes por razones de marginalidad. Además, subrayó que Barrera aceptó los cargos ante la justicia y su condena fue el resultado de un proceso legal.
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“Cuando yo acepto los cargos ante la justicia penal y el juez evalúa y le da pase a esa aceptación, es una confesión que no se puede retractar”, indicó Buitrago. También recordó que el Código Penal prohíbe otorgar beneficios judiciales a personas condenadas por instigación a delinquir con fines terroristas, delito por el cual la influenciadora fue sentenciada.
“El delito de terrorismo tiene requisitos específicos y, en mi criterio técnico, disiento de esa clasificación, aunque respeto la decisión del juez”, agregó la Ministra.
Acciones judiciales rechazadas
En paralelo, la Corte Suprema de Justicia declaró improcedente una acción de tutela presentada por la defensa de Barrera, en la que se buscaba garantizar su contacto permanente con su hija de un año. Según el fallo, la empresaria no agotó los canales legales correspondientes antes de recurrir a la justicia constitucional.
Asimismo, la Corte negó una petición presentada por Eduardo José Díaz Fuentes, seguidor de la influenciadora, quien solicitó la suspensión de su condena y la concesión de prisión domiciliaria. El alto tribunal consideró que Díaz no tenía legitimidad para presentar dicha acción, ya que no demostró un vínculo directo con los derechos de Barrera ni una afectación personal derivada de su condena.
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Petición directa al presidente
Desde la cárcel El Buen Pastor, en Bogotá, Barrera se dirigió directamente al presidente Petro en un mensaje público: “Petro, si tú me estás escuchando, ayúdame a salir de acá, porque es muy duro estar aquí. No merezco estar aquí. Afuera estoy haciendo muchas cosas, todos merecemos una segunda oportunidad y yo también la merezco”.
Petro respondió a su llamado asegurando que la empresaria debe salir diariamente de la cárcel por ser madre cabeza de familia. No obstante, según la Ministra de Justicia, cualquier solicitud en ese sentido debe ser tramitada por la defensa de Barrera ante la autoridad judicial correspondiente.
La intervención del presidente en el caso ha generado críticas, aunque la Ministra señaló que Petro tiene derecho a expresarse sobre este y otros temas de interés público.
El caso de Epa Colombia sigue siendo objeto de debate en el país, mientras su defensa evalúa las opciones legales para buscar una revisión de su situación carcelaria.
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