Gobierno de Petro sacude el tablero político: ¿consulta popular por decreto?

El Ejecutivo plantea una salida jurídica polémica tras el hundimiento del mecanismo en el Senado. Desde el Congreso y diversos sectores advierten que hacerlo sería inconstitucional.

Por: Redacción el Qhubo/Periodista Jhisús Chacín

El anuncio del Gobierno Nacional de convocar una consulta popular por decreto ha encendido una tormenta política y jurídica en Colombia. La propuesta fue hecha por el ministro del Interior, Armando Benedetti, quien argumentó que el Senado no se ha pronunciado formalmente sobre la iniciativa, dejando abierta la posibilidad para que el presidente Gustavo Petro la convoque directamente, sin necesidad de un nuevo trámite legislativo.

La declaración se dio a conocer en la antesala del paro nacional convocado para esta semana. Según Benedetti, el hundimiento del mecanismo no es válido porque no se leyó la proposición oficial del Gobierno antes de la votación, como exige la Ley Quinta del Congreso. Por ello, indicó que, de no haber una decisión formal antes del 1 de junio, Petro estaría habilitado para emitir un decreto.

"No se leyó la proposición. Luego el Senado no se pronunció", afirmó Benedetti, insistiendo en que hay base legal para sostener dicha postura.

Esta tesis generó una ola de reacciones. El presidente del Senado, Efraín Cepeda, fue uno de los primeros en rechazar el planteamiento, al considerar que constituye un desconocimiento de la separación de poderes. Según Cepeda, la consulta ya fue votada, negada y no puede tramitarse nuevamente sin vulnerar la Constitución. Además, acusó al Gobierno de intentar usar la figura para desviar recursos hacia fines políticos y electorales.

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En respaldo a esta posición, el secretario del Senado, Diego González, aclaró que el mecanismo fue tramitado correctamente, y que no se requería una proposición para su votación, ya que la solicitud no tiene carácter de proyecto de ley. “Estas normas configuran un procedimiento especial… el rol del Senado no es legislar, sino emitir un concepto previo”, sostuvo.

Mientras tanto, desde el Palacio de Nariño se insiste en que el Senado no ha emitido una respuesta formal. Petro defendió la idea en su cuenta de X, asegurando que el objetivo es “profundizar la Constitución del 91”, y que el país debe abrirse a una nueva etapa.

El debate también tocó la Corte Constitucional, luego de que se conociera un concepto emitido por su Relatoría en el que se indicaba que no es posible convocar la consulta sin concepto afirmativo del Senado. Sin embargo, el alto tribunal desautorizó el documento y recordó que no emite conceptos consultivos.

Por su parte, el presidente del Consejo de Estado, Luis Alberto Álvarez, fue enfático en señalar que las decisiones de este tipo no pueden tomarse vía decreto. “Lo que no puede hacerse por ley, tampoco puede hacerse por decreto”, advirtió.

El ambiente político se ha tensado. Desde sectores del Partido Liberal, su director César Gaviria calificó la intención del Gobierno como una clara violación de la Constitución. En la misma línea se pronunció el Partido Conservador, alertando sobre una “usurpación de funciones” por parte del Ejecutivo.

Incluso desde el oficialismo moderado hubo cuestionamientos. El Partido de La U advirtió que si se emite el decreto, podría tratarse de una actuación que configure un posible prevaricato por acción.

En el Congreso, algunos sectores de oposición ya preparan acciones legales para detener el avance de la consulta. La senadora Paloma Valencia anunció que presentarán una demanda de nulidad total, calificando la maniobra del Gobierno como una “invención” sin sustento jurídico.

La controversia crecerá en los próximos días. Con el plazo del 1 de junio acercándose, y las marchas del Gobierno previstas para este miércoles y jueves, se espera que el presidente Petro utilice estos espacios como plataforma para fortalecer su discurso y justificar una decisión sin precedentes. El país está ante una encrucijada política y constitucional que podría marcar un nuevo capítulo en la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo.

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