La Gobernación aseguró que mantendrá y fortalecerá sus capacidades humanitarias para atender a la población migrante asentada en el departamento y a quienes puedan llegar.
Redacción El Qhubo/ Periodista Jhisús Chacín
El escenario migratorio en el Valle del Cauca volvió a estar en el centro de la agenda institucional luego de la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro, un hecho que, según las autoridades departamentales, podría generar nuevas dinámicas de movilidad humana en la región. Ante esta posibilidad, el gobierno seccional anunció acciones orientadas a fortalecer la atención a la población migrante ya asentada y a quienes puedan llegar en los próximos meses.
Desde la Gobernación se indicó que el departamento mantiene activas sus capacidades humanitarias, con el objetivo de responder de manera oportuna a cualquier incremento en el flujo migratorio. La administración departamental considera que los cambios políticos en Venezuela pueden tener un impacto directo en los movimientos de población hacia países vecinos, incluido Colombia.
La gobernadora Dilian Francisca Toro se pronunció públicamente sobre el tema y reiteró que el Valle del Cauca seguirá actuando bajo un enfoque de solidaridad y protección. A través de su cuenta oficial en la red social X, la mandataria aseguró que el territorio está preparado para ofrecer condiciones dignas tanto a los migrantes que ya residen en el departamento como a quienes busquen refugio en medio del nuevo contexto regional.
De acuerdo con información oficial del Observatorio Nacional de Migraciones del Departamento Nacional de Planeación, en el Valle del Cauca residen actualmente más de 198.000 migrantes venezolanos con vocación de permanencia. Una parte significativa de esta población ha adelantado procesos de regularización y hoy participa activamente en sectores productivos, comunitarios y sociales del departamento.
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La concentración más alta de migrantes se registra en Cali, donde se han focalizado históricamente los principales programas de atención. Sin embargo, las autoridades han identificado una presencia creciente en municipios como Palmira, Jamundí, Yumbo, Tuluá, Candelaria y Florida, lo que ha llevado a ampliar la cobertura institucional hacia estas zonas.
El secretario de Convivencia y Seguridad Ciudadana, Guillermo Londoño, explicó que cerca de 200.000 personas de nacionalidad venezolana ya cuentan con algún tipo de estatus migratorio regular en el departamento. Este proceso, según indicó, ha permitido mejorar la articulación de las rutas de atención y reducir barreras de acceso a servicios básicos.
Londoño señaló que continúan activas las rutas institucionales que incluyen orientación jurídica, acceso al sistema de salud y acompañamiento psicosocial. Estas acciones se desarrollan de manera coordinada con entidades municipales, organizaciones sociales y otros actores que trabajan en el territorio.
Como parte de la respuesta preventiva, la Gobernación anunció que en los próximos días se convocará una sesión del Consejo de Atención Integral al Migrante, un espacio que permitirá evaluar el contexto actual y proyectar estrategias frente a eventuales cambios en los flujos migratorios. Esta instancia busca fortalecer la coordinación interinstitucional y garantizar una respuesta articulada.
