La Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) presentó este viernes un informe sobre los avances en las investigaciones del llamado Caso 06, relacionado con los crímenes cometidos contra miembros de la Unión Patriótica, UP.
De acuerdo con el organismo de justicia transicional, 5.733 personas fueron asesinadas o desaparecidas en ataques dirigidos contra la Unión Patriótica, en 32 años de violencia sistemática contra los miembros de esa colectividad política, que nació dentro de los fallidos acuerdos de paz del gobierno de Belisario Betancur y las FARC.
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La JEP también determinó que esa violencia fue sistemática y ejecutada, principalmente, por agentes de Estado y paramilitares.
"La Sala identificó que en 32 años de acciones contra militantes de la UP, entre 1984 y 2016, hubo un patrón de violencia sostenida durante 23 años, entre 1984 y 2007; también que hubo picos en los años 1989, 1997 y 2002", manifestó la magistrada Belkis Izquierdo.
La JEP explicó que a esta cifra se llegó luego de analizar siete importantes bases de datos de entidades del Estado e informes de las víctimas de la UP, y si bien, la cifra se puede controvertir, las evidencias son claras en el sentido de que se trató de un patrón sistemático y masivo de ataques contra los miembros de esa colectividad política.
A la fecha, se han presentado ante la JEP más de 150 comparecientes que pertenecían al extinto DAS, a la Policía y a 11 batallones y unidades de inteligencia y contrainteligencia del Ejército.
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Los resultados del análisis realizado por la Sala arrojaron que, de las 5.733 víctimas, 4.616 fueron víctimas de homicidio y 1.117 fueron desaparecidas forzadamente.
Dos de cada tres hechos de violencia contra ese partido se concretaron en asesinatos y desapariciones forzadas. Sin embargo, la violencia no letal estuvo lejos de ser marginal. De hecho, la segunda modalidad de victimización más reportada fue el desplazamiento forzado, con 2.217 víctimas.
La JEP también advirtió que existen evidencias de la participación de agentes estatales pertenecientes a los órganos de inteligencia civil y militar en connivencia con grupos paramilitares y oficinas de sicarios que ejecutaron crímenes contra la UP.
Esos hechos no están concentrados en una sola región, sino que ocurrieron mayoritariamente en capitales departamentales durante el primer periodo de victimización.
De los 150 comparecientes con acta de sometimiento ante la JEP o en proceso de solicitud, que hoy en día están vinculados al caso, hay 95 de la fuerza pública-Ejército; 22 exmiembros del DAS; y 13 miembros de la Policía Nacional. Adicionalmente, 26 comparecientes hacían parte de otros organismos de inteligencia civil y militar.
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