La controvertida reforma a la salud que propone el Gobierno del presidente Gustavo Petro sigue generando debate en el país. Varios aspectos planteados originalmente por la exministra de Salud Carolina Corcho, han recibido luz verde en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, sin embargo, las voces en contra no se han hecho esperar.
En ese sentido, la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral en Colombia (Acemi) expresó su inconformismo frente a la reforma y emitió un comunicado advirtiendo sobre las posibles consecuencias negativas que esta podría llevar. Según Acemi, de aprobarse en su totalidad, la reforma provocaría un déficit económico en el sistema de salud y la pérdida de alrededor de 100.000 empleos.
Durante una entrevista en el programa Vicky en SEMANA, Paula Acosta, presidenta de Acemi, expuso sus preocupaciones respecto a los artículos de la reforma aprobados en el Congreso. En primer lugar, Acosta señaló que lo aprobado en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes supone un retroceso para el sistema de salud colombiano.
Según Acosta, el nuevo modelo propuesto en la reforma eliminaría la posibilidad de que los colombianos elijan su aseguradora, ya que el aseguramiento pasaría a ser responsabilidad del Estado. En lugar de elegir su EPS, las personas deberán afiliarse a Centros de Atención Primaria de salud que se implementarán en todo el país.
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“Los colombianos hoy podemos elegir nuestro asegurador; con lo que se ha aprobado, ese aseguramiento pasa a ser por parte del Estado. Las personas ya no podrán elegir su EPS ni su asegurador y tendrán que afiliarse a unos Centros de Atención Primaria de salud que se desarrollarán a lo largo y ancho del país”, aseguró la presidenta de Acemi.
Otra de sus preocupaciones de Acemi, tiene que ver con que muchas de las funciones que hoy cumplen las EPS no están claras dentro del nuevo modelo, lo que podría generar barreras de acceso para los usuarios y un gasto mucho más alto.
“También vemos una preocupación muy grande en cómo se está planteando esa transición. Se da un periodo de dos años en el cual las EPS se eliminan y tienen que entregar sus usuarios, muchos de los cuales llevan muchos años -a veces décadas dentro de esas EPS- a los Centros de Atención Primaria, y vuelven a empezar el trámite de sus atenciones”, comentó Acosta.
La reforma también contempla la creación de “gestoras”, una nueva figura con funciones administrativas. Sin embargo, según Paula Acosta, estas gestoras carecen de las competencias necesarias para brindar una atención integral como lo hacen las EPS actualmente.
“Las gestoras tienen un rol de articulación, pero realmente no tienen las herramientas para hacer esa gestión de cara a los usuarios. No definen a quién se contrata y a quién no, no definen cuáles son las tarifas, no hacen las auditorias de calidad en la prestación de los servicios y tampoco las auditorías que hacen hoy las EPS (...) Lo que vemos acá es un hueco dentro del diseño de este modelo, en donde no es claro para el usuario quién le va a atender de forma integral y quién le va a responder”, explicó Acosta.
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Otros de los aspectos que le preocupa a la presidenta es la eliminación de los planes complementarios de salud, aunque las prepagadas no se verían afectadas. Sin embargo, habría una separación entre ambos tipos de servicios, lo cual podría afectar la complementariedad en la atención médica.
Acosta hizo hincapié en los riesgos que conllevaría la desaparición de las EPS, especialmente para aquellas personas con condiciones crónicas o en tratamiento, ya que se necesitaría una logística y una administración efectivas para garantizar la continuidad de los tratamientos y la correcta asignación de los recursos dentro del sistema de salud.
La posición de Acemi refleja las preocupaciones de un sector importante de la sociedad frente a la reforma a la salud propuesta por el Gobierno. A medida que el debate continúa, se espera que se lleven a cabo discusiones constructivas y se busquen soluciones que permitan mejorar el sistema de salud sin comprometer la calidad de la atención y el acceso a los servicios médicos.
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