El hallazgo de estas minas antipersona fue denunciado a Procuraduría General, tras una visita de verificación en Necoclí, Urabá antioqueño, que la fuerza pública encontró.
En un patrullaje se detectó un explosivo tipo camándula, enterrado en un camino del sector de Polín, zona rural de Acandí, Chocó. Este sector es paso obligado de una de las rutas que suelen tomar los migrantes con el fin de cruzar la frontera entre Colombia y Panamá. La mayoría de migrantes van rumbo a Estados Unidos.
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Ante esa situación, el Ministerio Público solicitó a las autoridades presentes articularse para determinar a la mayor brevedad si existen otros lugares minados en el Tapón del Darién. Para así, poner en marcha operativos de búsqueda y desactivación de artefactos explosivos improvisados con el fin de evitar una tragedia.
Por otro lado, la Procuraduría también recibió denuncias sobre una nueva modalidad de tráfico ilegal de migrantes vía marítima. Esta advertencia se hace entre el corregimiento de Capurganá, Chocó, y la población panameña de Carreto, que está ocurriendo en horas de la noche. Los migrantes lo hacen a bordo de lanchas rápidas, cuyo tránsito está prohibido por la capitanía de puerto e implica enormes riesgos para los migrantes.
A pesar de estos peligros, el servicio estaría siendo ofrecido como una alternativa más fácil y rápida de llegar a Panamá, pero de altísimos costos, como una especie de servicio élite de tránsito.
Según cifras entregadas por el Comando de Policía Urabá, el tránsito de migrantes ha aumentado en un 401 % entre 2022 y 2023. Se registraron 50.135 ingresos entre enero y febrero de este año, frente al 10.006 que ingresaron en los mismos meses del año pasado.
El Tapón del Darien, la inhóspita selva que separa Colombia de Panamá, registro en 2022 el paso de casi 250.000 migrantes y refugiados, casi el doble de los 133.000 de 2021, una cifra récord que se dispara en el caso de los ciudadanos venezolanos.
La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) ha utilizado estos datos, recabados por las autoridades panameñas, para advertir de que esta ruta sigue estando especialmente transitada. Esto a pesar de que “muchas personas han perdido la vida o han desaparecido” por el camino.
La OIM tiene constancia de 36 fallecidos, pero al mismo tiempo reconoce que es “una pequeña fracción” de la cifra real. Esto debido a que en gran parte de los casos no se localizan o recuperan los restos de quienes pierden la vida.
Otros cruzan, pero lo hacen con “problemas de salud significativos”, tanto físicos como mentales, como ha apuntado en un comunicado el jefe de la OIM en Panamá, Giuseppe Loprete. “Las historias que hemos oído de los que han cruzado atestiguan los horrores de este viaje”, ha añadido.
Por nacionalidades, los venezolanos suponen más de la mitad del total de cruces, con algo más de 150.000. El dato multiplica por más de 50 el registrado en 2021 y está claramente por encima del de ecuatorianos (más de 29.000), haitianos (más de 22.000) y cubanos (casi 6.000).
En cuanto a géneros, casi tres de cada cuatro migrantes eran hombres. Mientras que el 16 por ciento de los casos registrados corresponden a niños o adolescentes.
La OIM ha vinculado el repunte de los cruces en esta zona con un empeoramiento de las condiciones socioeconómicas en parte de los países de la región, por lo que ha instado a adoptar una respuesta coordinada que contemple, entre otras medidas, rutas y mecanismos de migración seguros.
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