“De manera atenta y respetuosa acudo a su honorable despacho con el fin de manifestar expresamente mi deseo de no comparecer presencial ni virtualmente a las audiencias de juicio oral programadas en este proceso y que la misma se adelante con la presencia de mi abogado”, dice la carta.
Los hechos por los que fue llamada a responder en juicio, como presunta coautora, sucedieron en el año 2018. La Sala Especial de Instrucción encontró múltiples movimientos financieros en ese periodo en el entorno de la campaña, a los cuales se habría buscado dar apariencia de legalidad sin que la tuvieran.
Según la investigación, estas sumas de dinero habrían terminado en la campaña de Merlano, superando ampliamente los topes definidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE) que, en virtud de la resolución 2796 del 8 de noviembre del 2017, imponía un límite de gastos de $884.131.163 millones de pesos.
De ese expediente se desprendieron varios procesos contra dirigentes políticos y un empresario del Atlántico, quien era pareja y financiador de la campaña proselitista de la excongresista, y cuyo hermano habría hecho un préstamo bancario del que terminaron girándose cheques por altas sumas de dinero para la campaña de Merlano entre enero y marzo del 2018.
Merlano cometió además conductas de corrupción electoral y compra de votos, por las que ya fue condenada por la misma corte a 11 años y cuatro meses de prisión.
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