“El día de hoy la excongresista Aída Merlano está siendo trasladada desde Venezuela hacia Colombia, no como resultado de una solicitud de extradición que en su momento le fue elevada al señor Juan Guaidó, sin eficacia alguna, sino por deportación”, informó la Cancillería.
Y reiteró el Ministerio: “Ambos países han solicitado el respeto y garantía plena de derechos de la señora Merlano, para lo cual han pedido la presencia de la autoridad judicial correspondiente y la Defensoría del Pueblo”.
La extradición de Merlano la reactivaron el pasado 9 de febrero por el actual gobierno, día en el que el ministro de Justicia, Néstor Osuna, confirmó esta decisión.
“El trámite está reactivado y en su momento habrá resolución que depende principalmente del estado venezolano, si la concede o niega. Ahora que se han reactivado las relaciones diplomáticas con el país, hemos comenzado el trámite de nuevo”, expresó el ministro.
Merlano apareció en Venezuela en 2019, unos meses después de su cinematográfica fuga de un consultorio odontológico, a donde había salido de permiso de la cárcel El Buen Pastor. Desde Venezuela, la exsenadora aseguró que había tenido que irse del país, porque un grupo de políticos quería matarla.
La última aparición de la excongresista fue el 19 de enero de este año, aún refugiada en Venezuela y actuando como testigo contra el empresario Julio Gerlein por irregularidades en su campaña.
En esa audiencia, Merlano prendió el ventilador al declarar varias irregularidades de Gerlein y el clan de los Char, quienes presuntamente habrían girado grandes sumas de dinero para su campaña y la compra de votos.
Al final de esa diligencia, la exsenadora le pidió al presidente que solicite de manera inmediata su extradición a Colombia, porque quiere colaborar con la justicia. "Yo sí quiero darle la cara a la justicia y asumir todos los procesos jurídicos que tengo en curso”, expresó.
La Procuraduría General de la Nación confirmó este 20 de enero la totalidad del fallo proferido en única instancia contra la excongresista Aída Merlano Rebolledo, destituida e inhabilitada por 10 años, y negó las pretensiones del recurso con el que pretendía reponer lo decidido en 2020.
Una Sala de segunda instancia y doble conformidad compuesta por las Delegadas Disciplinaria de Instrucción, la Segunda para la Vigilancia Administrativa, para la Fuerza Pública y la de Funciones Mixtas para el Ministerio Público en Asuntos Penales señaló que no existen elementos jurídicos que avalen lo solicitado por la defensa.
La decisión de la Procuraduría contra el recurso de reposición contra el fallo de única instancia fue mantener de manera íntegra lo expuesto y confirmar que Merlano Rebolledo desplegó toda una serie de actividades para corromper las elecciones del 11 de marzo de 2018, pagando a los ciudadanos por los votos en favor de las aspiraciones políticas que tenía al Senado de la República.
Sobre su rol, el Ente de control sostuvo que la Corte Constitucional reconoció su competencia para sancionar disciplinariamente a los funcionarios de elección popular por actos de corrupción, lo mismo que en su momento hizo el Consejo de Estado, por lo que desvirtuó los argumentos presentados en ese sentido.
Finalmente, la entidad indicó que en todo momento se respetó el derecho fundamental al debido proceso y que el asunto pasa a ser cosa juzgada.
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