la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó a ocho miembros del antiguo secretariado de las Farc por los secuestros cometidos por esa organización.
La medida cobija a Rodrigo Londoño, 'Timochenko', último máximo comandante de la antigua guerrilla; Carlos Antonio Lozada y Pablo Catatumbo, quienes actualmente son senadores.
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Asimismo, a los exjefes guerrilleros Jaime Alberto Parra, Milton de Jesús Toncel, Juan Hermildo Cabrera, Pastor Alape y Rodrigo Granda Escobar.
Según la JEP, la responsabilidad de cada uno de ellos en este proceso varía de acuerdo a los cargos de mando asumidos durante el conflicto armado.
Pero, en general, se refiere a la intervención que como comandantes de la organización tuvieron para “privar a las personas de su libertad y condicionar su liberación así como su bienestar, su integridad y su vida”.
El magistrado Eduardo Cifuentes explicó que este proceso se trata de una búsqueda constante de la verdad de las víctimas sobre lo que pasó, y en este caso se logró determinar que estas no son conductas “que manifiestan no errores en la guerra o necesidades en la guerra, sino crímenes de lesa humanidad”.
En cuanto a los delitos, la JEP consideró que se trata de crímenes de guerra y de lesa humanidad.
Porque “tuvieron la intención y la implementaron, de atacar de manera sistemática y generalizada a la población civil en los lugares donde esa guerrilla hacía presencia”.
Según la JEP, los secuestrados, en muchos casos, tuvieron que soportar también “torturas, tratos crueles e incluso casos de violencia sexual”.
"Había encadenamientos y amarres como forma de castigo y humillación, marchas forzadas sin consideración de sus circunstancias de vulnerabilidad", dijo la magistrada Juliana Lemaitre Ripoll.
"Agresiones físicas y psicológicas con golpes, gritos, burlas, empujones; vulneración total de la intimidad, incluso durante las deposiciones corporales debían ser observadas por guerrilleros armados", agregó.
Los imputados tienen 30 días hábiles para reconocer los hechos y conductas o rechazar las imputaciones hechas. También pueden reaccionar aportando argumentos o evidencia adicional.
Mientras que las víctimas acreditadas y el Ministerio Público tienen el mismo plazo para reaccionar frente a lo determinado en el documento.
Al terminar este periodo, la JEP decidirá si fija una fecha para una Audiencia de Reconocimiento, al considerar que hay un aporte a la verdad plena.
Si hay una aceptación de los hechos la Sala adoptará una resolución de conclusiones que remite al Tribunal de Paz para que este imponga una sanción propia si es el caso.
Pero si los comparecientes niegan su responsabilidad, este se remitirá a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP.
Si los involucrados no aportan verdad exhaustiva ni asumen plenamente su responsabilidad, estarán sujetos a penas ordinarias de hasta 20 años de prisión.
Al menos 21.396 personas (identificadas con nombre y cédula) fueron víctimas de secuestro por parte de las Farc.
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Con información de Colprensa
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