Con ese propósito, el Congreso está tramitando un proyecto que alcanzó una etapa histórica al superar 6 de sus 8 debates, pero solo tiene 24 días para lograr su aprobación definitiva.
Para que ese mercado legal del cannabis sea una realidad esta iniciativa legislativa, que busca reformar la Constitución, debe ser aprobada antes del 20 de junio y, pese a la premura, sus promotores son optimistas y consideran que hay un ambiente político propicio para que este lunes arranque el séptimo debate en la Comisión Primera del Senado.
Así lo manifestó el representante Juan Carlos Losada, del Partido Liberal, quien agregó en diálogo con este diario que con esta iniciativa se busca arrebatarle a las redes criminales el mercado de la marihuana para que sea el Estado quien regule la comercialización de la sustancia y quien se beneficie de los impuestos que generaría la legalización.
“Confiamos en que este proyecto de acto legislativo tendrá los votos suficientes, según lo que hemos sondeado, para pasar el séptimo debate y esperamos que la para la semana del 5 de junio la plenaria del Senado inicie el último debate”, planteó Losada, quien es autor del proyecto.
La iniciativa ha tenido que sortear una serie de pruebas en el Capitolio durante su trámite. Una de las iniciativas que más preocupó al sector que la impulsa, se registró en el sexto debate con la ponencia positiva, que fue aprobada con 95 votos a favor, pero pasó raspando porque el mínimo para avanzar era 94. Pese a esa situación, el proyecto pasó ese debate con 98 votos a favor y 57 en contra.
Ahora que está en manos del Senado, quien lo heredó fue la senadora María José Pizarro, del Pacto Histórico, quien le dijo a este diario que el Gobierno está interesado en que este proyecto de acto legislativo tenga luz verde en sus ocho debates para avanzar en la reconfiguración de la política de drogas que el presidente Gustavo Petro ha catalogado como fracasada.
“Este proyecto debe ser aprobado porque tenemos que cambiar el paradigma frente al cannabis de uso adulto. En vez contribuir a que los recursos queden en las redes ilegales y que los eslabones más débiles de la cadena queden en la desprotección, podemos a través del impuesto al consumo y de campañas de prevención abordar el tema de una forma más efectiva”, apuntó la senadora Pizarro.
Este proyecto de acto legislativo específicamente busca reformar el artículo 49 de la Constitución, que durante el gobierno de Álvaro Uribe fue ajustado a través del Congreso para penalizar “el consumo o la dosis mínima de estupefacientes”. De acuerdo con Losada, lo que se busca es hacerle una excepción a ese inciso para crear un mercado legal de esta sustancia, al que solo podrán acceder mayores de edad.
“Lo que nosotros pretendemos es que se cree un mercado legal del cannabis porque, según la Ley 30 de 1986 y el decreto 613 de 2017, en Colombia es legal consumirlo y cultivar hasta 20 plantas por personas, pero es ilegal comprar y vender. Eso ha obligado a los consumidores a tener que recurrir a redes delictivas, que son las únicas que se ven favorecidas”, señaló el congresista.
Lo que está claro es que, de ser aprobada esta iniciativa, el mercado legal del cannabis en el país empezaría a operar por lo menos desde 2024, ya que en el lapso de 12 meses tras recibir la luz verde del Congreso, se deberá tramitar una norma reglamentaria para definir los detalles de la legalización.
1. Solo los adultos podrán comprar cannabis
El proyecto señala que estará prohibida la venta de la sustancia a los niños, niñas y adolescentes y, por ello, especifica que es para el uso exclusivo de adultos. Con el propósito de proteger a los menores de edad, la iniciativa aclara que la comercialización de la sustancia estará restringida al interior o cerca de los entornos escolares y en zonas comunes de propiedades horizontales.
2. El estado se encargará de regular el mercado
Para garantizar un control sobre el comercio del cannabis se dejó claro que el Estado será el único que otorgará licencias para hacer un detallado seguimiento a quienes tendrán permiso para venderla. Con ese fin, está previsto que se cree una única entidad en la que se concentre esta regulación y se reforzará la persecución de las redes que intenten comercializar la sustancia ilegalmente.
3. Tendrá componente de prevención y atención al consumo
Además de establecer las reglas de juego para el comercio, la iniciativa señala que el Estado debe trazar políticas claras para la prevención del consumo de la sustancia y, además, tendrá que establecer políticas públicas para garantizar de quienes tengan un consumo problemático puedan acceder a tratamientos médicos.
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