Cayó 'El gordo', uno de los mayores auspiciadores de la minería ilegal

A 'El Gordo', la Fiscalía imputó los delitos de explotación ilícita de yacimiento minero, contaminación ambiental, concierto para delinquir agravado, daño a los recursos naturales y ecocidio, y cohecho.

Ante un Juez de garantías fue presentado Néstor Mosquera Arboleda, alias El Gordo, quien sería el propietario de, por lo menos, cinco frentes mineros ubicados sobre las fuentes hídricas y áreas forestales en Medio Atrato, las cuales han sido afectadas con el vertimiento de sustancias tóxicas y la utilización de maquinaria amarilla, motores y otros elementos usados para acelerar la extracción de oro.

Al parecer, ‘El Gordo’ habría pagado 8 millones de pesos mensuales, entre agosto de 2022 y febrero de 2023, a un coronel para que, en su condición de comandante del Departamento de Policía de Chocó, le informará sobre las operaciones en contra de sus entables mineros.

Por lo anterior, el oficial irá a la cárcel por los delitos de cohecho propio y explotación ilícita de yacimiento minero.

En cuanto a ‘El Gordo’, la Fiscalía imputó los delitos de explotación ilícita de yacimiento minero, contaminación ambiental, concierto para delinquir agravado, daño a los recursos naturales y ecocidio, y cohecho.

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De igual forma, se imputaron por estos delitos dos de sus posibles colaboradores, una mujer quien fungía como contadora y responsable de los asuntos administrativos de la estructura de alias El Gordo. También, un hombre, estaría encargado del traslado y comercialización del metal precioso obtenido.

Paralelo a esto, se afectaron con fines de extinción de dominio 52 bienes que estarían al servicio de la organización y las actividades ilícitas de alias El Gordo (35 inmuebles urbanos, 6 vehículos, 3 embarcaciones, 4 sociedades y 4 establecimientos de comercio).

Adicionalmente, se encontraron 39 millones de pesos. Sobre este dinero no hay claridad de su origen, y corresponderían a las ganancias por la comercialización de oro obtenido ilegalmente en Medio Atrato.

Al parecer, estas propiedades las habían puesto a nombre de familiares y conocidos de la red de minería. Se ocuparon en Medellín (Antioquia) y Quibdó (Chocó).

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