“Hay investigaciones internas del Ejército, administrativas que apoyan las investigaciones que desarrolla la Fiscalía, hay una comunicación permanente en el suministro de la información requerida por la Fiscalía para la desarticulación de las redes en la medida en que se acredite una participación más organizada en este tipo de delitos”, dijo el ministro de Defensa, Iván Velásquez.
En este sentido el ministro de Defensa dijo que los comandantes de las unidades militares deben hacer un conteo diario de las armas que tienen a su cargo, para iniciar investigaciones cuando se presenten faltantes. “Ha habido omisiones en algunas unidades y eso igualmente hace parte de las investigaciones y de lo que el propio Ejército ha ido transmitiendo a la Fiscalía”.
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Según el reporte de la Fiscalía, los ocho capturados pertenecen a una red delictiva señalada de hurtar armas de fuego y munición de uso de la fuerza pública para venderlas a varios grupos criminales como disidencias de las FARC, ELN y Clan del Golfo.
Entre los capturados se encuentran exmilitares y personal activo del Ejército, quienes desarrollaron diversas funciones en los depósitos de los fuertes militares ubicados en Caquetá, Meta, Bogotá, Putumayo y la Costa Atlántica.
Al parecer, extrajeron pistolas, revólveres, fusiles, ametralladoras, lanzagranadas y cartuchos de diferentes calibres y los entregaron a particulares que se encargaban de la comercialización y distribución.
Entre los detenidos está el soldado profesional retirado Arbey Panqueva Neira y el civil Virgilio Bonilla Díaz, quienes cumplían detención en los lugares de residencia por una condena previa por el delito de tráfico de armas. Según pruebas recolectadas, al parecer, mantenían contacto con funcionarios de distintos batallones para continuar adquiriendo armamento a gran escala.
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