Cabe resaltar que este decreto establecía que durante los meses de mayo y junio, las empresas e independientes tenían que hacer aportes a la pensiones del 3%, y no de un 16% sobre sus ingresos como se hacía normalmente antes de la crisis provocada por el Covid-19.
Otro de los aspectos fundamentales es que aquellos cotizantes que se hayan trasladado de fondos privados a Colpensiones durante la vigencia del decreto tendrán que volver al fondo inicial.
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Siendo así, el Gobierno Nacional debe establecer los procedimientos para que las personas que se pasaron a Colpensiones regresen a los fondos privados. Se trataría de 25.000 pensionados que iban a empezar a pasar a ser parte del fondo público de pensiones.
La ponencia derrotada fue la del magistrado Luis Guillermo Guerrero y la asumió nuevamente el magistrado Antonio José Lizarazo. Este emitirá el fallo con las apreciaciones de la Sala Plena llevada a cabo este jueves.
La Procuraduría General había solicitado a la Corte tumbar este decreto, pues la reducción de los aportes significaba menores ingresos al fondo común de vejez. Además, las semanas de los trabajadores de las empresas que se acogían a esta alternativa no serían contabilizadas en su historia laboral si ganaban más de un salario mínimo.
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