Según los organismos judiciales, los funcionarios públicos hacían parte de una red criminal dedicada a estafar a más de 50 miembros del Ejército Nacional.
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De acuerdo con la investigación, mediante engaños, los procesados cobraban diferentes sumas de dinero a cambio de ofrecer supuestos traslados a unidades militares que no estuvieran ubicadas en zona de orden público.
Las capturas se realizaron en Bogotá, Cali, Neiva y en San Andrés Islas. A los capturados se les imputaron los delitos de concierto para delinquir y estafa agravada, dejándolos a disposición de las autoridades competentes.
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