Desde el Concejo advierten retrasos de un año en el Plan Jarillón

En sesión plenaria del Concejo de Cali se advirtió que el Plan Jarillón tiene un retraso de un año, lo cual está afectando a las personas que fueron reubicadas

El Concejo abordó el tema plan jarillón río Cauca, obra que busca mitigar inundaciones en la zona urbana de Cali, pero que a la fecha tiene pendientes en su construcción con retraso de un año y con afectación para las familias que fueron objeto de reubicación, según lo planteó el concejal citante, Richard Rivera Campo.

Aunque al debate fueron citados, Rodrigo Zamorano de Gestión del Riesgo y Martha Fernández de Vivienda, estos responderán las inquietudes este miércoles 6 de julio.

El Concejal citante propuso llevar el Concejo a esa zona para valorar la situación del jarillón río Cauca, para escuchar a los afectados y a los responsables de esta obra nacional, regional y local. Rivera Campo, cuestionó que frente a la comunidad hay muchos pendientes, producto de la pandemia y el paro nacional, que llevó a suspender compromisos.

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“Hoy el plan jarillón de 26 kilómetros que tiene, 23 de ellos han sido reforzados, llegando a un 88% de ejecución, pero se tienen 2180 techos en pie, se han logrado 1189 concertaciones entre 2020 y 2022, 156 demoliciones en lo que corre de este periodo del Alcalde Ospina”, dijo Richard Rivera quien de paso cuestionó la intervención o articulación de la secretaría de Vivienda este proceso.

“Pero el plan parece no avanzar porque hoy no tenemos gerencia del plan jarillón y este se rige por una asesoría, que le resta importancia en la toma de decisiones. Lo más grave es que se han desmantelado 473 intentos de invasión”, dijo Richard Rivera Campo.

De otra parte, Rivera Campo, cuestionó la forma como se contrataron las personas que hacen parte del programa Guardianes del Jarillón, con el que se contrató a 120 por un valor de $5.550 millones y a que sectores pertenecen. “Esto en época de campaña, pudo servir para un trabajo politiquero”, concluyó el Concejal.

Marlene Gómez, del asentamiento La Florida, en el sector de Comuneros II, indicó que desde el año 2013, la historia es la misma, hay atropellos contra quienes habitamos en el jarillón.

“Hoy tenemos temores de esa reubicación, porque tenemos ejemplos de esas reubicaciones que rompen el tejido social y se genera violencia, como ocurre con Llano Verde”, dijo Gómez, quien dejó claro que no se oponen al progreso, pero que urge escuchar las inquietudes de la comunidad afectada.

Wendy Katherine, de la comunidad de La Florida, dijo que el llamado es al plan jarillón en la forma como se ejecuta la obra y la vulneración a las familias que habitaban el sector, hoy objeto de traslado.

“A la fecha, el único reconocimiento de la Administración Distrital es que si hubo un mal manejo, pero siguen desalojando otras familias, sin que haya restitución de derechos”, reclamo la vocera.

Jacqueline Ariza, quien se autodenominó víctima del plan jarillón, al ser habitante del sector Venecia las Vegas, indicó que su vivienda fue una de las demolidas, pero denunció que, en ese plan de reubicación, se dieron beneficios a personas que no vivían en la comunidad.

“Ese fraude yo lo denuncié ante Fiscalía y hay funcionarios que participaron de esa situación”, dijo Ariza. Por ello, solicitó que luego de 7 años no hay soluciones de fondo a las familias afectadas.

Yoider Gómez, asevero que los problemas del plan jarillón inician con el censo que se hizo para entregar los beneficios de reubicación. Gómez endilgó las falencias del censo, a la Secretaría de Gestión del Riesgo.

“Ese censo macabro, le quitó oportunidad a quienes realmente lo merecían por ser habitantes del jarillon y no como finalmente se entregaron”, anotó.

“Hoy lo que reclamamos al Distrito Especial, son acciones inmediatas para avanzar en esa reubicación, porque a la fecha se pagan son subsidios de arrendamiento que generan costos, es al erario público”, dijo Yoider Gómez.

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En video también quedaron los testimonios de Adrian Valencia, quien consideró que el plan jarillon, dejó desolación en varias familias y desplazamiento porque no recibieron soluciones de fondo.

El Concejal Richard Rivera Campo, solicitó al gobierno distrital, acelerar los procesos relacionados con el plan jarillón, dado que la obra tenía que culminar de manera integral en el año 2021, pero hay muchos pendientes por resolver, lo que más preocupa es el desgaste del gobierno distrital en el control sobre la zona para evitar nuevas invasiones.

A su turno, el Concejal Roberto Rodríguez Zamudio, recordó que de 13 kilómetros que recibió el gobierno del Alcalde Ospina, avanzó a 26 lo que es significativo.

“Pero aquí se necesita detallar en informes, como el plan proveerá las 720 viviendas en Altos de Santa Elena, donde el Distrito aporta lote y más de /0 mil millones de pesos por el Fondo de Adaptación”, indicó Rodríguez Zamudio, quien también cuestionó el retraso que tiene Comfandi con la entrega de viviendas. Al tiempo que afirmó, “la Alcaldía se quedó corta en recursos para financiar ese plan jarillón en temas de reubicación”.

La Concejal Ana Leidy Erazo Ruiz, cuestionó también censo usado por los gobiernos distritales del año 2012 – 215 y 2016 – 2019, censo que no tenía mucho que ver con el plan jarillón.

“Recuerdo que las acciones en el jarillón, motivaron la toma de la iglesia de La Ermita y la promesa incumplida de Armitage quien dijo que no habría desalojo, pero que finalmente lo llevo a cabo”, dijo Erazo Ruiz, quien recordó que en el Plan de Desarrollo 2020 – 2023 se prometió un plan social, pero que no ha tenido aplicabilidad en esas comunidades vulnerables.

“Y en el caso de los moradores de Venecia Las Vegas, que llevan 7 años pagando arriendo sin que a la fecha se les dé solución a su reubicación o solución habitacional. Que nos digan si van a hacer algo, porque no está pasando nada”, dijo la Concejal Ana Leidy Erazo Ruiz.

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El Concejal Fernando Alberto Tamayo Ovalle, aseveró que de una forma violenta y casi a manera de cruzada, se hizo el desalojo de los moradores del jarillón en los gobiernos anteriores.

“Pero preocupan las denuncias de ventas de lotes, de asignaciones, irregularidades, de recursos para pagos, de arriendo y de asignación de beneficios a personas que no habitaban o no eran beneficiarias”, dijo Tamayo Ovalle.

En el caso de La Florida, allí en Comuneros II, dijo Tamayo Ovalle, habría manipulación de beneficios a través de una banda criminal que asumió el manejo de la asignación de viviendas nuevas.

“Este proyecto surge en medio de condiciones complejas y las denuncias que hace la comunidad deben tener respuestas”, dijo el Concejal.

El Concejal Juan Manuel Chicango Castillo, sostuvo que las dificultades, además de garantizar los derechos a las familias reubicadas, se debe decir, si tenemos los predios para la construcción de vivienda prioritaria, además de la entrega de los subsidios de arrendamiento para no generar dificultades en ese proceso de traslado.

Asimismo, Chicango Castillo, solicitó se informe que paso con la acción judicial que interpuso la comunidad de Playa Renaciente, personas que por pertenecer a la población afro demandan de un trato distinto a la hora de un posible traslado.

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La Concejal María Isabel Moreno Salazar, afirmó que este debate sobre el plan jarillon, hace parte del Plan de Desarrollo, donde el Concejo solicitó un plan social en específico.

“Pero no sabemos en qué estado están esas líneas de cumplimiento, entre ellas, 400 unidades de viviendas ofertadas para las familias afectadas”, dijo Moreno Salazar, quien volvió a insistir en la necesidad de acompañar el proceso social de reubicación, garantizando los derechos humanos para las familias a trasladar.

“Hoy tenemos que preguntar, del número de desalojados, cuántos tienen ya resuelto desde el gobierno distrital, su unidad habitacional, tarea que se debe coordinan con la secretaría de Vivienda de Cali, pero si no resolvemos eso, nadie querrá salir del jarillón”, dijo María Isabel Moreno Salazar.

Para el Concejal Terry Hurtado Gómez, los problemas de vivienda temporal, la entrega de soluciones habitacionales a las personas, siguen siendo los mismos y hoy lo que se tiene son conflictos entre comunidad, porque el proceso no ha sido el mejor, sobre todo, porque no se caracterizaron a las personas supuestamente beneficiadas.

Hurtado Gómez también mencionó a las familias interespecie que no habrían sido clasificadas a la hora de tomar decisiones.

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Para la Concejal Audry María Toro Echavarría, el llamado debe ser a la secretaria de Vivienda y Hábitat de Cali, con el propósito de alcanzar metas propuesta en el Plan de Desarrollo, entre ellas, pilotos que se debieron dar para 400 viviendas productivas del jarillón, que no se han dispuesto.

“Hoy continuamos trasladando familias de un sector casi rural para llevarlos a zonas urbanas que solo les genera estrés y hacinamiento, porque los manicruzados”, dijo Toro Echavarría.

El Concejal, Roberto Ortiz Urueña, aseveró que urge una reubicación justa para los moradores del jarillón y no a los trancazos como se viene haciendo.

“El problema que tiene Cali hoy es de vivienda, ese un problema de ciudad, por ello, las invasiones o asentamientos incompletos que son casi un 70% del territorio, que demanda intervención sin generar desplazamiento”, aseveró Ortiz Urueña.

“Hoy debemos apostarle a Cali como área metropolitana, para así ofertar vivienda digna a los caleños”, concluyó Roberto Ortiz Urueña.

La plenaria de debate de control político plan jarillón, continuará este miércoles 6 de julio a las 9 y 30 am.

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