Los dos hombres capturados y señalados por las autoridades como presuntos responsables de la masacre de Llano Verde, afirmaron no ser vigilantes del cañaduzal donde se encontraron los cinco cuerpos de los menores de edad, el pasado 11 de agosto.
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De acuerdo a Elmer Montaña, abogado de una de las familias de las víctimas, los implicados no aceptaron cargos durante la audiencia de legalización de captura que se celebró entre el viernes y este sábado 29 de agosto.
Asimismo, Jefferson Marcial Angulo Quiñonez y Juan Carlos Loaiza Ocampo, los presuntos implicados en el crimen, afirmaron trabajar para una empresa de transporte logístico con sede en Bucaramanga que ofrece servicios de seguridad, y que actualmente adelanta trabajos en el jarillón.
Entre tanto, según el jurista, Angulo y Quiñonez sí reconocieron que emboscaron a los menores pero que Gabriel Alejandro Bejarano, aún prófugo, fue quien los mató de manera intempestiva.
Finalmente, Montaña, defensor de Álvaro José Caicedo, padre de uno de los jóvenes asesinados, detalló que uno de ellos es operario de maquinaría pesada y otro vigilante.
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