La decisión de un juez que le otorgó el beneficio de detención domiciliaria a un presunto violador en serie tomó a más de uno por sorpresa.
Fue así como un hombre conocido como Pajoy, de 28 años de edad, y quien fue capturado por estos días en el Huila, espera, por decisión del juez, en una pieza arrendada en una de las fincas donde recoge café, que en este momento es su lugar de residencia.
Según informó El Colombiano, Pajoy nació en Puerto Leguízamo, Putumayo, pero siendo un adolescente se mudó al Cauca (Inzá).
La primera denuncia en contra del presunto violador indica que, cuando él tenía 17 años habría abusado de su hermana de 13 años de edad. Los mismos vecinos fueron quienes contaron a la Policía lo que estaba pasando.
Fue por eso que el hombre escapó, se convirtió en recolector de café, pero continuó en malos pasos.
La segunda denuncia que se le conoce es de septiembre de 2020. En esa fecha habría abusado de una joven de 18 años. Ocurrió en Salgar, Antioquia. El hombre habría aprovechado que la mujer salió ebria de una fiesta.
Este año, ya en el municipio de Teruel (Huila), habría vuelto a atacar y dos veces. Entre rumba y rumba escogió a quienes serían sus víctimas.
Esta vez el hombre no escapó a otro pueblo cafetero ni a buscar otra finca y se quedó en Teruel, en donde fue capturado por la Policía.
Lo llevaron al Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Teruel, para la audiencia de control de garantías, y la Fiscalía le imputó cargos por acceso carnal violento.
A pesar de las denuncias, se declaró inocente y el juez le otorgó el beneficio de detención domiciliaria o, mejor dicho, ‘pieza por cárcel’.
Con información de Q'hubo Medellín
El incremento de abusos sexuales de niños cometidos por otros menores de edad ha venido en aumento en Colombia.
Red Papaz indica que, de los 19.570 exámenes médicos legales del 2022 por presunto delito sexual contra menores de edad, muchos de estos episodios fueron perpetrados por niñas, niños y adolescentes.
A nivel mundial, hay estudios que dicen que entre un cuarto y un tercio de las agresiones contra menores de 18 años son perpetrados por otros menores (Association Unevie, 2020; Hackett, 2014; Letourneau, et al., 2017), señala Red Papaz.
En Colombia, según cifras de la Fiscalía, recogidas por El País, en 2022 se hubo un aumento del 9 % de casos con respecto al 2021, pues se reportaron 164 delitos sexuales más.
En estos casos las víctimas fueron menores de edad y los indiciados, 325, también menores de edad.
Fue así como en nuestro país en 2021 hubo 1831 niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual y en 2022, 1996. En lo corrido de 2023 van 103 víctimas a nivel nacional.
Por su parte, en la Fiscalía seccional Cali (que comprende la capital del Valle y diez municipios más, entre ellos, Jamundí, Palmira, Yumbo y Candelaria), en la actualidad se tienen 228 casos sobre delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales.
En esos casos el infractor es un menor de edad y la víctima otro menor.
“En lo que va corrido del año 2023 han ingresado 50 casos a la Unidad de Responsabilidad Penal para Adolescentes (Urpa) por medio de denuncias y casos urgentes”.
“De acuerdo con lo establecido en el título IV del Código Penal colombiano, la violencia sexual se puede catalogar como el acceso carnal violento, acceso carnal con menor de 14 años, acto sexual con menor de 14 años, acoso sexual abusivo con incapaz de resistir y delitos de explotación sexual y comercial de NNA (niños, niñas y adolescentes)”.Explica Carlos Bravo, director de Bienestar Familiar.
“Todas las anteriores circunstancias generan una vulneración de los derechos de los NNA, que dan impulso a la acción del ICBF a través de las defensorías de familia que inician, para cada caso, un proceso administrativo de restablecimiento de derechos”, agrega.
Frente al abuso cometido entre menores de edad, Bravo revela que es un flagelo muy común en Cali y el Valle.
“Cabe resaltar que si el ofensor es mayor de 14 años debe ingresar al Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes. Cuando es menor de 14 años ingresa a un proceso administrativo de restablecimiento de derechos mediante las defensorías de familia del ICBF”, detalla el funcionario.
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