La Policía española ha llevado a cabo una operación para liberar a un grupo de mujeres que habían sido obligadas a prostituirse. Según la autoridad, a estas mujeres las engañaron en sus países de origen, principalmente Colombia, con falsas promesas de trabajo y luego las forzaron a pagar una deuda por el viaje, ejerciendo la prostitución durante largas jornadas de trabajo y vendiendo drogas entre los clientes.
La operación, llamada "Muralla", incluyó registros en varios puntos del sur de España, donde se encontraron evidencias de la actividad ilegal de la organización.
Se incautaron 82.000 euros en efectivo, 600 gramos de hachís, varias dosis de cocaína, un coche robado, armas prohibidas, cámaras de grabación, teléfonos móviles y documentación fraudulenta.
Los 34 detenidos están acusados de los delitos de trata de personas con fines de explotación sexual, contra los derechos de los trabajadores y falsedad documental.
La organización, compuesta por españoles y sudamericanos, se aprovechó de la vulnerabilidad de estas mujeres para obligarlas a trabajar en prostíbulos ilegales que ocupaban fraudulentamente y utilizando empresas interpuestas con apariencia de legalidad.
La investigación comenzó en 2021, a las mujeres las engañaron en su país de origen y ya en España les reclamaban una deuda por el pago del viaje, que obligaban a saldar ejerciendo la prostitución.
La organización está acusada de ocupar ilegalmente inmuebles, a través de contratos fraudulentos de alquiler, que explotaba como prostíbulos, y de utilizar un entramado de empresas interpuestas con apariencia de legalidad, como negocios de reparación y desguace de vehículos.
Bajo los delitos de posible responsable de los delitos de pornografía con persona menor 18 años y demanda de explotación sexual comercial con persona menor de 18 años, imputó la Fiscalía una mujer.
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De acuerdo a lo reportado por la Fiscalía, la mujer, cuidaba a una adolescente de 14 años, en ausencia de la mamá, quien salía a trabajar.
El material de prueba indica que habría aprovechado esa situación para exhibir a la joven en comunidades ‘webcam’, grabarla desnuda y compartir los videos en portales dedicados a difundir y comercializar material audiovisual con contenido explícito.
Explica el ente acusador, los hechos ocurrieron en una vivienda de la localidad de Usme, en el sur de Bogotá, y el compañero sentimental de la hoy procesada loos puso en conocimiento de las autoridades.
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La mamá de la víctima denunció inmediatamente ante la Fiscalía, lo que permitió activar la ruta de atención a la adolescente y restablecer sus derechos.
A Polo de León la capturaron integrantes de CTI, y deberá cumplir medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario.
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