Los patrulleros de la Policía Harby Rodríguez y Juan Camilo Lloreda, fueron enviados a la cárcel por su presunta responsabilidad en el homicidio y tortura de Javier Ordóñez.
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El hecho se registró el pasado 9 de septiembre en el occidente de Bogotá y la decisión fue tomada la Juez 29 con función de Control de Garantías.
Los uniformados tendrán que estar recluidos en la cárcel de Facatativá.
El señor estaba esposado y reducido ¿por qué lo esposan de manos y pies, unieron las esposas, y le seguían pegando? A todas luces eso se ve como trato inhumano que le causó intenso dolor”.
Estos fueron algunos de los reproches que hicieron parte del jalón de orejas que le dio la delegada de la Rama Judicial a los uniformados de la Policía.
A su juicio, los policías “irrespetaron la institución y la hicieron quedar mal”, con las actuaciones que le provocaron la muerte a Ordóñez.
De ahí que la juez determinara que son un peligro para la comunidad y obstrucción a la justicia.
La juez dijo que solo bastó una hora y 20 minutos para que los patrulleros, con su actuar, en el marco del procedimiento policial, presuntamente, acabaran con la vida del hombre de 45 años.
Ordóñez se encontraba departiendo con dos de sus amigos, cuando encontró la muerte en la madrugada del pasado 9 de septiembre.
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“Es evidente que hay una muerte violenta”, en este proceso y se hace agravado, “porque se puso a la víctima en estado de indefensión”, indicó la juez.
Ordóñez presentó golpes en el pómulo, la nariz, la mandíbula, el pecho, el hombro, la rodilla izquierda, el antebrazo izquierdo e incluso las esquirlas de un proyectil de arma de fuego.
Se puede inferir que tuvo que ser muy violento el procedimiento policial para que se produjera ruptura de arterias en su abdomen, que le causaron mucho dolor y sufrimiento”, expresó la juez.
Respecto del delito de tortura, la juez dejó claro que “hubo tratos crueles e inhumanos que, al parecer, no eran necesarios, porque ya tenían reducido al señor Javier Humberto, ya que uno lo tenía oprimida la cabeza y el cuello, sumado al taser”.
Las actuaciones de los uniformados, para la juez, a todas luces, son hechos que no deben tener los funcionarios del Estado que están para proteger a la ciudadanía.
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Con información de: Colprensa.
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