El alcalde Jorge Iván Ospina se metió en tremendo lío, pues, la Contraloría lo investiga por un posible carrusel de contratación en la capital del Valle del Cauca.
Tremendo ‘bonche’ el que tiene ahora el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, por cuenta del embargo de 5 cuentas bancarias y 7 propiedades que realizó la Contraloría mientras lo investigan por un posible carrusel de contratación en la capital del Valle.
Según relata un informe exclusivo realizado por la revista Semana y el diario El País, la Contraloría ordenó el embargo de sus cinco cuentas en los bancos BBVA, Davivienda y AVVillas, y de siete bienes inmuebles, varios garajes y un apartamento.
Además, dentro del procedimiento -ordenado por el ente investigador- se dispuso congelar otras 21 cuentas bancarias de los demás implicados en la presunta red de corrupción que estaría dedicada al desangre de los recursos públicos.
En los expedientes, que se encuentran en manos de los medios de comunicación ya citados, se indica que las irregularidades halladas están por los $700.000 millones, pero que podrían llegar a un billón de pesos.
Por lo pronto, de acuerdo con los documentos, el detrimento superaría los 30.000 millones de pesos.
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Los frentes de investigación
De acuerdo con los informes de Semana y El País, las primeras indagaciones del ente fiscalizador están orientadas a un contrato presuntamente irregular para las cámaras de seguridad y otro expediente que confirmaría un grave detrimento en las Empresas Municipales de Cali, Emcali.
Para el caso de las cámaras de seguridad, el revelador expediente indica que la Contraloría ordenó abrirle un proceso al alcalde Ospina por un millonario contrato de más de $5.000 millones, de los cuales $1.500 millones nunca se ejecutaron.
Las pesquisas llevan a indagar una sospechosa intermediación en un convenio suscrito entre la Imprenta Departamental Impretics y la Unión Temporal Windetec, para el mantenimiento preventivo y correctivo de más de 400 cámaras de vigilancia de la ciudad.
Los detalles
Los datos del expediente -en poder de Semana y El País- revelan que el problema inició el pasado 9 de diciembre del 2020. Ese día el mandatario emitió un decreto con el cual delegaba funciones en materia de contratación a la Secretaría de Seguridad y Justicia de Cali, en cabeza entonces de Carlos Rojas.
Ese proceso contractual, que no llegó a término total, exponía la necesidad de realizar mejoras en la infraestructura del sistema de videovigilancia y garantizar su continua operación.
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El objetivo era contar con las herramientas tecnológicas para la atención de incidentes y prevención de delitos, una clara necesidad para la ciudad. Pero no solo el alcalde Ospina delegó su responsabilidad vía decreto.
Acto seguido, la Secretaría de Seguridad “realizó la invitación” a Impretics para suscribir un “convenio interadministrativo”, figura que permite la contratación directa sin necesidad de concurso ni licitación, es decir, a dedo.
El objeto contractual, según las pruebas obtenidas por Semana y El País, era “aunar esfuerzos técnicos y administrativos (…) en el mantenimiento a la infraestructura del sistema de seguridad electrónica, incluyendo suministro de equipos y ampliación de componentes de videovigilancia con su respectiva instalación, integración y mano de obra”.
El decreto, que respalda esta cuestionada contratación, asegura expresamente que la imprenta tiene “la experiencia y la idoneidad” para la prestación del servicio de redes y telecomunicaciones.
Impretics, como indica el expediente, ofreció a la Alcaldía de Cali como contrapartida un aporte para el mantenimiento de 129 cámaras por $426 millones.
A esa millonaria cifra se le sumó el respaldo económico del alcalde Ospina, que estableció un presupuesto superior a los $5.300 millones.
Finalmente, Impretics no ejecutó propiamente la labor y terminó contratando con una unión temporal llamada Windetec.
En el contrato, suscrito entre estas dos empresas, se indica que el presupuesto para ese proyecto piloto era de casi $5.000 millones, a lo que se le suma un costo de $300 millones por una intermediación que para la Contraloría resulta indebida.
¿Y la plata?
La pregunta es ¿qué sucedió con esos dineros y por qué Impretics subcontrató a una unión temporal como Windetec para ejecutar este contrato?
Y aquí viene la posible respuesta. Impretics, la empresa beneficiada con la adjudicación, no contaba con la capacidad para realizar la adecuación de las cámaras al momento de diseñar el contrato, así la justificación dijera lo contrario.
Pese a ello, Impretics, dentro de su objeto social, desarrolla actividades que van desde construcción hasta el suministro de kits para instituciones educativas. Esos estatutos son los que permiten que esta empresa pueda tercerizar cualquier labor y -presuntamente- quedarse con un porcentaje.
La Contraloría indicó que dentro de las irregularidades encontró un hallazgo que supera los $1.854 millones: $300 millones de la cuestionada intermediación y $1.500 millones que nunca se ejecutaron.
De ahí que se haya vinculado como responsables fiscales al alcalde Ospina, al secretario de Seguridad de ese entonces, al Supervisor del contrato, al gerente general de Impretics y a los miembros de la Unión Temporal Windetec.
El ente fiscalizador halló irregularidades relacionadas con pagos realizados sin justificar, pagos de actividades y elementos que debieron ser instalados en las cámaras y no se observa evidencia de la instalación, entre otros.
La justificación del Gobierno Distrital ante la Contraloría expresa que la razón por la que no había algunos elementos en las cámaras era porque fueron hurtadas durante las protestas del paro nacional.
No obstante, la entidad investigadora no halló trazabilidad alguna -con soportes o actas- que indicara que esos ítems, que suman $1.500 millones, hubiesen sido entregados.
Ahora viene Emcali, el otro lío mayúsculo
La Contraloría también tiene el ojo puesto en tres convenios suscritos por las Empresas Municipales de Cali, Emcali, en los que están enredados altos funcionarios, en su mayoría gerentes, a los que también les ordenaron embargos a sus cuentas y propiedades.
Uno de esos convenios hoy es todo un ‘elefante blanco’.
Estamos hablando de un acuerdo que se hizo con el objetivo de adecuar el canal de aducción de la planta de tratamiento de agua potable, denominada como Río Cali. En este caso, la Contraloría halló un detrimento de más de $14 mil millones.
La entidad fiscalizadora reveló que existió un acuerdo con MinVivienda para apoyar la ejecución de obras e interventoría del proyecto, pero esto no salió bien.
Este proyecto se tenía que adelantar pues de ello dependía el suministro de agua potable que beneficiaría a más de 700 mil personas, pero, al sol de hoy, ni plata ni agua.
El contrato nunca finalizó, puesto que el plazo se venció y tanto la Alcaldía de Cali como el contratista Consorcio Aducción Río Cali terminaron enfrentadas en un tribunal de arbitramento.
Frente al tema, se logró establecer que las obras están paradas y que, por este caso, la Contraloría determinó los embargos ya mencionados.
Esta acción, de acuerdo con la autoridad fiscal, pretende recuperar los recursos para intentar completar la obra, pues, a su juicio, se trata de un asunto humanitario en el que está en juego el suministro de agua potable para más de medio millón de ciudadanos.
Para iniciar la investigación penal y disciplinaria del caso, ya se compulsaron copias a la Fiscalía y a la Procuraduría.
Más rollos en las Empresas Municipales
Otro de los temas hallados por la Contraloría, en Emcali, es el no pago de los intereses de mora o tasas retributivas al Dagma.
Entre 2001 y 2002, Emcali tenía que pagar unas tasas de contribución o aportes y expuso todo tipo de acciones para explicar por qué no había hecho pagos esos dos años. Ahora la deuda es gigantesca.
Tan grave es el descuido de estos pagos que solo en intereses moratorios sumaban, casi dos décadas después, más de $66.000 millones con corte al 2019.
En su investigación,la Contraloría halló que el Dagma, entidad de la Administración Distrital, condonó el 70 por ciento de la deuda de los intereses. Esto significa, nuevamente, un caso de detrimento.
Lo insólito es la revelación del ente fiscal, Emcali no pagó estos dineros porque -según sus argumentos- no sabían a quién tenían que hacerle el giro de dinero.
Intermediarios e irregularidades
Otro caso se suma a esta larga lista de ‘embarradas’ de esta Administración.
De acuerdo con la extensa investigación, existe otra intermediación innecesaria en un convenio interadministrativo -que le representó a la ciudad más de $18 mil millones- con la ERT (Empresa de Recursos Tecnológicos). El objetivo era “brindar apoyo a los call center y a la gestión de servicios al cliente de Emcali”.
Nuevamente, la Alcaldía firma el millonario convenio con ERT, pero esta empresa termina subcontratando con terceros privados por más de $15.000 millones.
Esta vez, la intermediación les habría costado a los bolsillos de los caleños $3.000 millones. La Contraloría indicó que Emcali pudo contratar con un privado por menos dinero.
Otra vez, vuelve y juegan los convenios interadministrativos que permiten realizar los millonarios contratos sin licitación y sin control alguno.
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En exclusiva, la Revista Semana reveló que la procuraduría le embargó cinco cuentas bancarias y siete propiedades de Jorge Iván Ospina. https://t.co/M9fD1GRwvM
— Q'hubo Cali (@QhuboCali) April 1, 2023
