A través de una carta, la Canciller, Marta Lucía Ramírez, le pidió a la Secretaria Ejecutiva Interina de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, María Claudia Pulido que la visita de ese organismo solo se haga luego de la audiencia privada en la que la comisión recibirá a los organismos de control.
A su turno el organismo había anunciado al gobierno que con o sin audiencia iba a realizar su visita.
A través de la carta, la Canciller propone la realización de una audiencia privada el 7 de junio en Bogotá.
En esa reunión, la Comisión recibiría a la Fiscalía, Procuraduría y Defensoría, así como los insumos relacionados con los hechos sucedidos desde el 28 de abril y las acciones realizadas por cada entidad.
La carta sostiene que esa audiencia privada tendría 3 sesiones independientes en la sede de cada entidad en el curso del mismo día.
Estamos totalmente convencidos del trabajo de nuestra institucionalidad que da legitimidad a la democracia colombiana, como ustedes saben, la más antigua de la región, a partir del respeto a la Constitución Política de Colombia, la cual consagra los derechos y libertades de toda persona así como las garantías para su salvaguarda.
Sostiene la carta.
Así mismo, indica que “comprendemos y compartimos la necesidad del rol de la CIDH y reconocemos y valoramos el trabajo que adelantan, de tal forma que tenemos plena disposición para que la visita comience a partir del día martes 8 de junio de 2021, teniendo en cuenta que la audiencia pública de Derechos Humanos convocada por ustedes para el 29 de junio, ya no se va a realizar en el corto plazo. En ese orden de ideas, estamos de acuerdo en que se anticipe la visita”.
Por otro lado la canciller propone una agenda específica para la visita.
Esta visita comenzaría con la audiencia privada con los organismos de control además de una presentación del Estado colombiano.
En esa presentación se expondría información entregada en la audiencia privada y en la que diferentes entidades presentaran sus informes con lo sucedido desde el 28 de abril.
Además, el gobierno solicita que haya un protocolo y formato de visita, que comprenda como mínimo cuatro días.
La idea es que esos días sean suficientes para visitar Cali, Tuluá y Popayán, ciudades donde se han dado graves casos de afectación a los derechos humanos.
En esas visitas es fundamental que la Comisión escuche a las autoridades locales, alcaldes y gobernadores, así como otros actores de la sociedad.
También se indica que es necesario que se reciba a quienes representan los sectores: Salud, Servicios Públicos, Industrial, empresarial, comercial, de pequeñas y medianas empresas, y Agropecuario.
La CIDH también debería hablar con “víctimas civiles de los bloqueos y del vandalismo, incluyendo Miembros de la Fuerza Pública y familias de los fallecidos".
En la carta se solicita agendar un espacio con la Comisión Nacional de Garantías de la Protesta Pacífica creada por Decreto 003 de 2021.
La visita se desarrollaría desde el día 8 de junio, hasta el 11 de junio, con coordinación entre la CIDH y el Estado colombiano.
Este lunes, la CIDH le envió una carta a la vicepresidente proponiendo adelantar la visita a Colombia del 7 al 9 de junio.
La comisión aclaró que las fechas para la realización de la visita no dependen de la celebración de la audiencia pública sobre la situación general de derechos humanos en el país.
Si el Estado colombiano aprueba las fechas propuestas, la comisión suspendería la realización de la audiencia pública.
Se suspendería ya que la evaluación de la situación se haría de manera directa con todos los actores.
Durante la visita, la comisión se reunirá con diversos sectores representativos de la sociedad colombiana, incluyendo autoridades gubernamentales de los distintos niveles de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial.
También se reunirá con representantes de las organizaciones de la sociedad civil, colectivos, agrupaciones, sindicatos y otros representantes de sectores afectados por las protestas.
En especial, la CIDH buscará escuchar a las víctimas de violaciones a los derechos humanos y sus familiares para recibir sus testimonios, denuncias y comunicaciones.
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