La concejala Tania Fernández indicó que le hará control político -durante el primer de sesiones ordinarias del año- a varios temas neurálgicos para la ciudad. Entre ellos, el tema de la malla vial y la explotación de menores de edad.
"El mantenimiento y la recuperación de las vías urbanas y rurales, las estrategias para prevenir la explotación sexual, el funcionamiento de las comisarías de familias, la contratación y vinculación laboral a personas en condición de discapacidad, la realidad económica de la ciudad y el plan para dinamizarla", son las cuestiones que la cabildante abordará.
“Consideramos que son temas transcendentales para la ciudad. Por ejemplo, el tema de las vías, aunque se avanza en su recuperación, las quejas de la comunidad por el deterioro no paran, queremos conocer cuál es el plan para este año”, indicó Fernández Sánchez.
Pese a que, según la cabildante, en la ciudad se han recuperado 60 kilómetros de vía, las comunidades aún reclaman más atención sobre todo en la zona rural.
Entre 2020 y 2022, el municipio recibió cuatro demandas a causa de ciudadanos que murieron en siniestros ocasionados presuntamente por el mal estado de las calles. Otras 70 demandas corresponden a personas heridas en esa circunstancia.
En total, los procesos jurídicos contra Cali por el deterioro de su malla vial suman 124 entre 2020 y 2022. Solo el año pasado fueron 41 demandas, de las cuales la ciudad perdió nueve y debió pagarles a las víctimas $2.975 millones. ¿Cuántos huecos se podrían tapar con esa plata?
“Cali no tiene una sola vía en la que uno diga: puedo transitar tranquilo”, dice Jesús René Castiblanco Ricci, un ingeniero de proyectos cuyo medio de transporte es la moto. El 4 de febrero pasado no vio un hueco en la Autopista Sur Oriental y dañó el rin, además de los retenes. El arreglo le costó $400.000. No existen estadísticas de las llantas, los amortiguadores, los rodamientos y demás repuestos que deben reemplazar los caleños debido al mal estado de las calles.
Néstor Martínez es el secretario de Infraestructura de la ciudad, el despacho encargado de mantener en buen estado las calles. Si el municipio ha logrado ganar 32 de las 41 demandas que le impusieron en 2022 a causa del deterioro de la malla vial, comenta, es porque o los abogados que demandaron no aportaron suficientes pruebas, o se pudo demostrar que hubo exceso de velocidad y maniobras imprudentes por parte de los conductores.
Martínez sin embargo reconoce no solo el mal estado de las calles de Cali, sino lo que eso genera: siniestros, pérdidas económicas, congestiones, la sensación de vivir en una ciudad deteriorada.
“Creemos que debe haber un programa muy agresivo para recuperar las calles, y ese programa implica que se invierta mucho dinero. Calculamos que para Cali, que tiene tan atrasada la recuperación de su malla vial, se requieren 1.8 billones de pesos. Y además de plata se necesita tiempo. En un año no se alcanza a reparar un daño que se ha generado en los últimos 20”.
De acuerdo con la cabildante, las cifras del Dane para 2020 indican que en Cali la población entre los 5 y 17 años de edad es de 561.000 habitantes, de los cuales se estima que un 5 % está dedicado al trabajo infantil.
Por su parte, el ICBF, el año pasado se realizó 27 jornadas de control en articulación con otras entidades, en las cuales encontraron un total de 89 niños trabajando en las calles, de los cuales, luego de hacer las respectivas verificaciones, se logró el traslado de 56 menores a los centros zonales del instituto.
“De los 89 niños, niñas y adolescentes identificados en las jornadas, se observa que el 73 % son de nacionalidad venezolana, siendo los casos más preocupantes, que ocupan en su mayoría los semáforos de la ciudad”, dijo Carlos Humberto Bravo, director regional del ICBF Valle.
Sin embargo, el directivo indicó que en las jornadas de control también se encuentran familias colombianas que, a pesar de las intervenciones, siguen recurriendo a esta práctica, utilizando los niños para trabajar o como acompañantes.
“Los niños en los semáforos vendiendo dulces, limpiando vidrios, la explotación laboral en diferentes sectores de la ciudad, es una problemática que va en aumento”, puntualizó Fernández Sánchez.
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