Fiscalía afirma que Emilio Tapia presentó documentos falsos para ganar contrato en Emcali

La fiscalía imputó a Emilio Tapia por fraude procesal y falsedad ideológica en documento privados, porque habría falsificado documentos para ganar un contrato en Emcali.

Emilio Tapia, quien estuvo involucrado en el 'carrusel de la contratación' de Bogotá e investigado por su presunta participación en el caso Centros Poblados - Mintic, ahora deberá responder también por corrupción en las Empresas Municipales de Cali (Emcali).

La Fiscalía General de la Nación lo imputó por fraude procesal y falsedad ideológica en documento privado, porque presuntamente estaría involucrado en la falsificación de documentos para quedarse con dos contratos por valor de $6.212 millones.

El material de prueba de la Fiscalía da cuenta de que, en compañía de otras tres personas, habría gestionado la obtención de documentos con información falsa para soportar licitaciones ante Emcali, en el 2021.

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Asimismo, se conoció que Tapia, al parecer, controló un conglomerado de empresas que se presentó a dos procesos contractuales relacionados con la Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAR) de Puerto Mallarino fase uno, los cuales ascendían en valor a $3.798 millones y $2.414 millones, respectivamente.

La Fiscalía indicó que uno de los requisitos exigidos a los oferentes era presentar el aval comercial de un banco que garantizara un crédito por el 30% del valor de cada uno de los contratos. Esta obligación, presuntamente, no la cumplía el consorcio del hoy procesado.

Con esta maniobra ilegal, al parecer, se hizo incurrir en error a los funcionarios a cargo de la contratación, quienes permitieron al conglomerado de Tapias Aldana perfeccionar la oferta y dieron aval administrativo para que se quedara con los respectivos contratos.

Actualmente, la Fiscalía informó que Emilio José Tapia Aldana permanece en la cárcel El Bosque, en Barranquilla, como parte del proceso que se sigue en su contra por la posible participación en un entramado de corrupción denominado 'Centros Poblados', en el que se apropiaron recursos de un contrato que pretendía garantizar internet a escuelas rurales del país.

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